Las auditorías recientes de la Contraloría General de la República han revelado irregularidades en varios órganos estatales, afectando a antiguos funcionarios destituidos del Gobierno de Luis Abinader. A pesar de que la corrupción pública no es la principal preocupación de la población dominicana, su impacto en servicios esenciales como educación y salud es significativo. Se estima que el déficit fiscal alcanzará el 3.2% del Producto Interno Bruto el próximo año, lo que podría justificar un aumento en el endeudamiento internacional.

El desvío de recursos estatales ha llevado a un círculo vicioso que afecta la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas, incluyendo la reforma policial. Las auditorías publicadas han sido utilizadas por el Gobierno como parte de una estrategia comunicacional para mejorar su imagen pública y demostrar su compromiso en la lucha contra la corrupción, incluso dentro de su propio partido.

Sin embargo, críticos sugieren que estas acciones son más un esfuerzo propagandístico que un verdadero combate a la corrupción. Se plantea que el presidente debería ordenar auditorías a todos los órganos estatales, especialmente aquellos con fideicomisos y donde han estado involucrados empresarios reconocidos. La confianza de la población podría aumentar si se auditaran también las instituciones del sector eléctrico, salud y educación.

Además, se exige que el Poder Ejecutivo actúe judicialmente contra aquellos que sean encontrados culpables de irregularidades, peculado o desfalco. A pesar de las auditorías, muchos consideran que el Gobierno no está dispuesto a llegar al fondo del problema para restaurar su crédito público en la lucha contra la corrupción.

Por otro lado, el expresidente Danilo Medina ha afirmado tener pruebas de corrupción en 32 instituciones estatales, lo que podría ser un aporte significativo si se identifican a los responsables y se llevan los casos a los tribunales. Aunque su motivación puede ser política, su posición como exmandatario le otorga un conocimiento profundo sobre la situación.

La corrupción en los gobiernos a menudo se hace evidente solo después de que estos dejan el poder, y las sanciones dependen de la voluntad del nuevo liderazgo para buscar justicia y recuperar los recursos públicos. La situación actual plantea un desafío para la administración de Abinader, que enfrenta críticas tanto por sus acciones como por su falta de medidas más contundentes.