El hallazgo sin vida de una adolescente en el río Yaque del Norte, en Navarrete, ha generado dolor e indignación, así como una serie de preguntas sobre la protección de los adolescentes en el país. Un hombre adulto está bajo investigación, mientras que otra adolescente de 16 años sobrevivió y recibió atención médica especializada. Las autoridades son las encargadas de determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades penales correspondientes.

Este trágico suceso reabre el debate sobre quién realmente protege a los jóvenes. En ocasiones como esta, la atención se centra en el sospechoso y la víctima, pero el problema subyacente es más complejo y no desaparece con el ciclo informativo. Existen adolescentes expuestos a adultos, familias desbordadas y una sociedad que ha normalizado situaciones que deberían ser motivo de alarma.

Los datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025 revelan que el 15.9% de las mujeres de 20 a 24 años ha tenido un hijo antes de los 18 años, y el 27.6% se ha casado o unido antes de esa edad. Estas cifras reflejan miles de historias donde la adolescencia termina prematuramente, lo que plantea la necesidad de examinar las condiciones en que se cría a estos jóvenes.

Educar a un adolescente requiere tiempo, herramientas emocionales y una comunicación efectiva. Sin embargo, muchas familias enfrentan dificultades como jornadas laborales extensas, conflictos internos y carencias económicas, lo que complica la crianza. Además, la influencia de las redes sociales y la falta de supervisión familiar pueden agravar la situación.

No obstante, es importante no culpar únicamente a los padres. La responsabilidad también recae en las escuelas, la comunidad y el Estado. Cuando se involucran adolescentes y adultos, es crucial cuestionar qué hacía el adulto en esa situación, en lugar de centrarse solo en las acciones de las menores.

UNICEF advierte que las uniones tempranas aumentan los riesgos de abandono escolar, embarazo precoz y violencia, y subraya que la legislación dominicana ofrece protecciones específicas para estas situaciones. Por ello, es fundamental que la prevención deje de ser solo un discurso y se convierta en acción.

Necesidades urgentes

Se requieren familias que puedan comunicarse efectivamente con sus hijos, así como escuelas que enseñen educación sexual y afectiva más allá de los aspectos biológicos. También es esencial contar con programas comunitarios que ofrezcan espacios seguros para los adolescentes y políticas públicas que intervengan antes de que surjan situaciones de vulnerabilidad.

La autoridad adulta debe ser recuperada sin violencia, y el respeto debe prevalecer sin miedo. Criar a un adolescente implica conocer su entorno, sus preocupaciones y los peligros que pueden no ser evidentes para ellos. La responsabilidad no puede recaer únicamente en un padre que observa a su hijo en un teléfono a medianoche.

Para reducir embarazos adolescentes y violencia, es necesaria una política sostenida que conecte familia, escuela, salud y comunidad. La indignación tras una tragedia no es suficiente; se requiere un compromiso real para prevenir que estas situaciones ocurran.

La justicia es esencial después de un delito, pero nuestra responsabilidad como sociedad es cuestionar cuántos adolescentes están en riesgo hoy mientras los adultos responsables no se percatan de ello. Proteger a los jóvenes implica prevenir tragedias antes de que sucedan.