Las muertes de jóvenes durante intervenciones policiales continúan siendo un tema crítico en medio del proceso de reforma de la Policía Nacional. En los últimos tres meses, varios casos de muertes de civiles y fallecimientos bajo custodia han puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la reforma, especialmente en la aplicación de protocolos de uso de la fuerza y la supervisión de las acciones policiales.

Los datos del proyecto Patrulla Letal de Diario Libre indican que desde 2020, al menos 273 personas de entre 16 y 35 años han perdido la vida en incidentes relacionados con la Policía Nacional. De las 2,445 muertes reportadas entre 2004 y 2026, se ha establecido que la mayoría de las víctimas pertenecen a este grupo etario.

Recientemente, el presidente Luis Abinader se pronunció sobre la muerte de un hombre en el destacamento central de la Policía Nacional de San Cristóbal, afirmando que se esperarán los resultados de las investigaciones. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha defendido la reforma, asegurando que busca corregir problemas acumulados durante casi un siglo.

La reforma ya fue aprobada en el Senado y está en manos de la Cámara de Diputados, donde se espera que el proyecto de ley sea estudiado por una comisión permanente antes de que cierre la legislatura actual, programada para el 26 de julio.

El caso más reciente involucra a Miguel Antonio Lucas, de 43 años, quien falleció mientras estaba detenido. Su abogado indicó que un certificado médico previo a su ingreso no mostraba lesiones por agresión. Familias de Lucas han protestado exigiendo justicia, alegando que fue detenido sin orden judicial.

Otro caso notable ocurrió el 3 de julio, cuando Darlin Mercado Reyes, de 19 años, murió tras recibir un disparo durante una intervención policial en Herrera. Este hecho generó protestas en el sector, donde los residentes bloquearon vías y exigieron justicia, mientras el Ministerio Público solicitó medidas contra el cabo involucrado.

El 21 de junio, Bartolo Rodríguez, de 66 años, fue asesinado en La Altagracia mientras se dirigía a su negocio. Las investigaciones apuntaron a un agente de la Policía Nacional como responsable. Asimismo, el 13 de junio, Marky Abraham García Gil, conocido como «Maiky», murió en una intervención policial en La Vega, un incidente grabado que ha generado controversia.

La serie de muertes ha coincidido con el proceso de reforma, diseñado para mejorar la supervisión y profesionalización de la Policía Nacional. Sin embargo, los recientes incidentes han reavivado el debate sobre la efectividad de los protocolos y la respuesta institucional ante las denuncias sobre el uso de la fuerza.

La repetición de estos casos resalta la necesidad de que los cambios institucionales se reflejen en la actuación de los agentes, manteniendo la atención pública sobre la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía.