A menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, un proyecto de ley sometido al Senado propone modificar 19 de sus artículos. La iniciativa busca restablecer la protección penal a las informaciones veraces sobre asuntos de interés público, ampliar el delito de malversación de fondos públicos e incluir revisiones sobre hostigamiento, delitos sexuales y abandono de menores.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó el proyecto durante la vacatio legis de la Ley 74-25, que finaliza el próximo 2 de agosto. Uno de los cambios más significativos se refiere a los delitos contra el honor, ya que el Código Penal promulgado este año eliminó la exceptio veritatis, un principio que permitía demostrar la veracidad de una imputación como defensa en casos de difamación.

El nuevo proyecto busca recuperar este criterio con una fórmula diferente. Establece que no se considerarán difamatorias las expresiones sobre corrupción, políticas públicas y otros asuntos de interés público, siempre que estén respaldadas por pruebas o verificación razonable. Además, mantiene las exclusiones para discursos en el Congreso y actuaciones judiciales.

Otro cambio importante se refiere al delito de malversación de fondos públicos. El Código actual sanciona a los funcionarios que utilicen fraudulentamente recursos públicos, mientras que el proyecto propone penas de cinco a 10 años de prisión y multas de cuatro a 10 veces el monto involucrado en la operación.

La iniciativa también redefine el hostigamiento, detallando conductas como amenazas y humillaciones, y establece agravantes cuando la víctima sea vulnerable o el acoso lleve al suicidio. Además, endurece las penas por la difusión ilícita de contenido íntimo, especialmente si involucra a menores o busca chantaje.

En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que los cambios buscan corregir imprecisiones en el Código Penal y fortalecer la seguridad jurídica. Si el Congreso aprueba las modificaciones antes del 2 de agosto, la Ley 74-25 recibiría sus primeras reformas sustanciales antes de entrar en vigor.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso rechazó la posibilidad de posponer la entrada en vigor del nuevo Código Penal, argumentando que esto podría favorecer la criminalidad. Exhortó a los sectores involucrados a pensar en el bienestar del país.

En cuanto a la protección de menores, el proyecto aumenta las consecuencias por abandono que cause lesiones permanentes o muerte, e incorpora agravantes para quienes tienen la obligación legal de cuidar a la víctima. También redefine el autosecuestro, amplía las modalidades del proxenetismo y endurece las sanciones por certificaciones médicas falsas que causen consecuencias graves.