El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó este lunes sobre los riesgos que varias disposiciones del nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales representan para la libertad de expresión en el país. El PLD hizo un llamado a revisar estas normativas para asegurar su conformidad con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La advertencia fue realizada por el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde estuvo acompañado por los dirigentes Zoraima Cuello, José Dantés Díaz, Héctor Olivo y Joselito Feliz. La organización política argumentó que algunas disposiciones del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, y de la Ley 1-26, incluyen sanciones que podrían afectar a periodistas, creadores de contenido digital y ciudadanos que realicen denuncias con fines de investigación.

El PLD enfatizó que estas medidas contradicen criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, que en las sentencias TC/0075/16 y TC/1148/25 eliminaron las penas de prisión para delitos de difamación e injuria, reafirmando así la protección de la libertad de expresión. Además, expresaron su preocupación por la inclusión de la figura de “ultraje a funcionarios” en el nuevo Código Penal, argumentando que su redacción amplia podría ser utilizada para limitar críticas y cuestionamientos hacia los servidores públicos.

Ante esta situación, el partido propuso que cualquier iniciativa relacionada con la libertad de expresión sea debatida en el Consejo Económico y Social (CES), incluyendo la participación de periodistas, medios de comunicación, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil. También sugirieron la revisión de los artículos vinculados a la libertad de expresión en el nuevo Código Penal y en la Ley 1-26.

El objetivo de estas propuestas es fortalecer las garantías constitucionales, proteger las fuentes periodísticas y evitar sanciones que impliquen privación de libertad por expresiones amparadas por la Constitución.