La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que la nueva legislación minera incluya mecanismos legales y financieros que aseguren la remediación ambiental y el cierre responsable de proyectos extractivos antes de iniciar sus operaciones. La propuesta busca modernizar la Ley Minera 146-71 para fortalecer el marco regulatorio y disminuir las preocupaciones sobre los pasivos ambientales de la minería.

Camipe explicó que la normativa actual no cuenta con herramientas obligatorias para una gestión minera responsable, como evaluaciones de impacto ambiental, planes de cierre y remediación de minas, ni mecanismos de participación ciudadana. La propuesta sugiere que los planes de remediación ambiental sean parte del diseño inicial de cada proyecto y que se establezcan garantías financieras desde el inicio de las operaciones.

Recursos y administración

El director ejecutivo de Camipe, Martin Valerio, indicó que estos recursos no dependerían de la voluntad de las empresas, sino que serían administrados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento, bajo normas de gobernanza, auditorías independientes y publicación periódica de información. Valerio enfatizó que se busca asegurar un plan de remediación antes de cualquier actividad extractiva.

Además, destacó que una minería moderna requiere reglas claras para la inversión y la protección ambiental, incluyendo permisos oportunos, fiscalización rigurosa y transparencia ante la ciudadanía. La propuesta está alineada con estándares internacionales ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y con los principios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la que la República Dominicana es parte.

Construcción de confianza

Camipe también subrayó que la confianza ciudadana en la actividad minera depende de mecanismos de rendición de cuentas, garantías financieras y sistemas de monitoreo que aseguren una gestión transparente de los recursos naturales. La entidad argumentó que la reforma de la legislación minera debe surgir de un proceso técnico y participativo que involucre al Estado, al sector privado, las comunidades y la sociedad civil.

La organización afirmó que su propuesta no busca reducir regulaciones, sino establecer un marco normativo más claro, exigente y aplicable, que contribuya al desarrollo sostenible y a una mejor gestión de los recursos naturales en el país.