La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) ha propuesto una reforma a la Ley Minera que busca asegurar fondos para la remediación ambiental antes de iniciar las operaciones extractivas. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la preocupación ciudadana sobre el impacto ambiental de los proyectos mineros.

Según Martin Valerio, director ejecutivo de Camipe, la propuesta no solo medirá el impacto ambiental, sino que también garantizará un plan de remediación que defina cómo finalizará el proyecto antes de que comience. Esto implica establecer un marco legal que asegure la responsabilidad ambiental desde el inicio de las actividades mineras.

Garantías financieras para el cierre de minas

El gremio destacó que la visión sobre la normativa incluye la creación de garantías financieras para los planes de cierre, las cuales serán gestionadas mediante mecanismos públicos de asignación y seguimiento. Esto asegurará que las fluctuaciones del mercado o de las empresas no afecten el acceso a estos fondos.

Valerio enfatizó que estos recursos no dependerán de la voluntad de las compañías, sino que serán canalizados a través de estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información. Esto busca establecer un sistema transparente y confiable para la gestión de los fondos destinados a la remediación ambiental.

Campie también subrayó que la modernización de la ley debe ser el resultado de un proceso técnico, participativo y equilibrado, que involucre al Estado, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. La propuesta no busca reducir regulaciones, sino crear un marco normativo más claro y exigente.

La modernización de la ley minera se presenta como una herramienta clave para alcanzar las metas de desarrollo nacional, alineando la gestión de los recursos con el bienestar colectivo. Este enfoque busca asegurar que la explotación de recursos naturales beneficie a la sociedad en su conjunto.