Comunidades indígenas mayo-yoreme han anunciado la toma indefinida de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, debido a preocupaciones sobre el ecocidio y etnocidio que podría causar el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. La acción se llevará a cabo el 15 de junio, según lo indicó Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento.

Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), busca establecer mesas de trabajo con las comunidades, pero solo aceptarán esta iniciativa si se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que planea producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. El líder indígena enfatizó que el proyecto representa una amenaza para la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios.

Las comunidades afectadas, que suman más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, han estado en resistencia durante 12 años. Según Montaño, el proyecto succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, lo que afectará el ecosistema local y la pesca, fuente principal de alimentación para estas comunidades.

El agua descargada en la bahía tendrá una temperatura superior a la original, lo que podría alterar el hábitat de especies marinas. Además, la bahía de Ohuira alberga el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR, que es hogar de diversas especies de aves, delfines, tortugas y peces de alta importancia comercial.

El avance de la planta es del 88%, y ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales, con la tala de manglares y migración de fauna. Montaño expresó su descontento con la forma en que se ha llevado a cabo el proyecto, afirmando que los pueblos originarios no aceptarán su construcción.

Las comunidades mayo-yoreme mantienen la esperanza tras el rechazo del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano y están decididas a tomar la megaplanta GPO para impedir su funcionamiento. En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó una consulta a los pueblos indígenas sobre el proyecto, pero Montaño alegó que la votación incluyó comunidades no afectadas directamente y que hubo «compra de conciencias».

Estas acciones, según Montaño, violan el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).