El doctor Amadeo Peralta, especialista en derecho penal, alertó sobre el impacto que podría tener el nuevo Código Penal en la libertad de expresión y de prensa en República Dominicana, debido al aumento de las sanciones por delitos como difamación, injuria y la difusión de contenidos alterados mediante inteligencia artificial. Peralta destacó que la legislación contempla penas de hasta un año de prisión por reenviar un audio en WhatsApp que cause inconformidad, lo que considera una medida excesiva.
El jurista explicó que las penas por difamación varían entre dos y cinco años de prisión, las cuales podrían incrementarse por la aplicación del cúmulo de penas y figuras como la asociación de malhechores, que contempla sanciones de entre cinco y diez años de cárcel. Además, el nuevo código introduce penas complementarias que permiten a los jueces suspender el ejercicio del periodismo hasta por tres años, paralizar transmisiones de medios de comunicación y revocar licencias de manera definitiva.
Consecuencias del uso de inteligencia artificial
Peralta también advirtió que las disposiciones del código abarcan el uso de inteligencia artificial para modificar imágenes, videos o audios. Aquellos que alteren y difundan estos materiales podrían enfrentar condenas de dos a cinco años de prisión, así como multas e indemnizaciones. “Hablar aquí a través de un medio será peor que vender droga”, expresó, refiriéndose a la desproporción entre las conductas sancionadas y las penas establecidas.
El abogado indicó que el nuevo Código Penal incorpora cerca de 73 delitos nuevos y aumenta las penas para múltiples infracciones que actualmente reciben sanciones menores o no están tipificadas. Sin embargo, recordó que la ley no tiene efecto retroactivo, por lo que las nuevas disposiciones solo se aplicarán a hechos ocurridos después de su entrada en vigencia, prevista para el 3 de agosto de 2026, salvo algunas excepciones relacionadas con delitos continuos.
Peralta criticó que el sistema de justicia dominicano aún no está preparado para implementar la nueva normativa y lamentó que no se haya promovido un mayor conocimiento de su contenido entre la ciudadanía y los sectores afectados antes de su entrada en vigor. Además, consideró que el código deja poco espacio para la interpretación jurídica y no aclara situaciones en las que una persona pueda exonerarse de responsabilidad al demostrar la veracidad de sus afirmaciones.
Posibilidad de revisión legislativa
El especialista instó a los miembros de la prensa a estudiar el código, advirtiendo que “aquí hay gente que van a caer presos y no saben por qué”. A su juicio, se les presentó un “caramelo envenenado” al otorgarles un año antes de la entrada en vigencia del código para promover cambios, aunque consideró que el sector no aprovechó ese tiempo para alertar sobre los aspectos preocupantes.
Peralta sugirió que el Congreso Nacional aún tiene la opción de aprobar una legislación de urgencia que retrase la entrada en vigor del nuevo Código Penal por algunos meses, con el fin de revisar las disposiciones más controversiales. Exhortó a los legisladores a escuchar a los abogados en ejercicio, quienes conocen la realidad del sistema judicial.
A pesar de reconocer que alrededor del 90 % del nuevo Código Penal contiene aspectos positivos, Peralta advirtió que el 10 % de disposiciones que considera desproporcionadas podría afectar los avances logrados por el resto de la normativa y generar futuros cuestionamientos ante los tribunales.
