El senador Antonio Taveras Guzmán presentó una propuesta para modificar varios artículos de la Ley 74-25, con el objetivo de fortalecer las garantías de libertad de expresión y prensa en la República Dominicana. La iniciativa busca adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como proteger a los medios de comunicación de sanciones desproporcionadas.

Taveras Guzmán explicó que esta propuesta tiene como fin fortalecer el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que normas penales ambiguas limiten el ejercicio legítimo de la libertad de opinión, crítica e información. En particular, el artículo 208 sobre difamación sería modificado para sancionar únicamente la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor de una persona, eliminando las penas de prisión y sustituyéndolas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público.

En relación al artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva, el senador propuso transformarla en una modalidad de difamación agravada. Esto reduciría la pena de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación se utilice para obtener beneficios indebidos o para coaccionar a una persona.

La modificación del artículo 210 sobre injuria también busca proteger la libertad de opinión y crítica, limitando la intervención penal a conductas graves y dolosas. Esta propuesta eliminaría las penas de prisión, estableciendo únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la correspondiente reparación civil.

Además, Taveras Guzmán propuso adecuar el artículo 212 para que ninguna infracción contra el honor o la vida privada pueda resultar en el cierre de medios de comunicación o la suspensión de sus actividades. Considera que tales sanciones son incompatibles con la libertad de prensa y expresión.

El legislador también sugirió la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios públicos, argumentando que esta figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios, limitando el escrutinio público y contradiciendo el principio de igualdad ante la ley.

Las modificaciones propuestas buscan modernizar el marco jurídico dominicano, alineándolo con la Constitución y los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales, garantizando una mejor armonización entre el derecho al honor y la libertad de expresión.