El Gobierno de Estados Unidos habría malgastado millones de dólares en la operación del mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado en Fort Bliss, Texas, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). La instalación, conocida como Camp East Montana, abrió sin cumplir con estándares básicos de seguridad, atención médica y trato humano.
El reporte indica que la rápida puesta en marcha del complejo provocó pérdidas millonarias y condiciones deficientes para los migrantes. Este centro, que puede albergar a unas 5.000 personas, fue habilitado tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en enero de 2025 para aumentar drásticamente la capacidad de detención migratoria, lo que llevó a un aumento del 71% en la población detenida en el país.
Inicialmente, la administración del centro estuvo a cargo de Acquisition Logistics, una empresa sin experiencia en instalaciones de detención migratoria. En marzo de 2026, el Gobierno transfirió la gestión a Amentum Services tras múltiples denuncias sobre el funcionamiento del lugar.
La investigación reveló que el Ejército estadounidense y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pagaron al menos 11,5 millones de dólares entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 por alimentación, vigilancia, transporte y atención médica, a pesar de que el centro aún no albergaba migrantes. Los pagos continuaron incluso cuando el número de detenidos fue inferior al previsto.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ICE desembolsó aproximadamente 7,1 millones de dólares por comidas innecesarias, facturando por una población de 5.000 detenidos cuando solo había alrededor de 1.600. La GAO advirtió que la falta de mecanismos para ajustar los costos podría generar pérdidas de “decenas de millones de dólares” en futuros contratos.
El informe también documentó deficiencias operativas al recibir migrantes. Se encontraron casos preocupantes en el ámbito médico, como un migrante con tuberculosis alojado junto a otros detenidos y personas con enfermedades crónicas que no recibieron el tratamiento adecuado. Además, se reportó la muerte de un detenido por asfixia, clasificada como homicidio, y un suicidio de otro detenido en condiciones inadecuadas.
Los inspectores detectaron dormitorios en condiciones insalubres, que se limpiaban semanalmente en lugar de diariamente. En algunos casos, los guardias ofrecían galletas a los detenidos a cambio de que limpiaran las áreas comunes. La GAO advirtió que estos problemas contribuyeron al desperdicio de recursos y a amenazas para la salud y la vida de los migrantes y el personal.
La congresista demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, calificó los hallazgos como “explosivos” y exigió el cierre inmediato del centro. El informe vuelve a poner bajo escrutinio la política de detención migratoria en Estados Unidos y el uso de recursos públicos en instalaciones operadas mediante contratos privados.
