El régimen de Nicolás Maduro enfrenta serias acusaciones de narcotráfico y falta de legitimidad, en medio de una crisis constitucional en Venezuela. Desde 2018, el país no ha tenido elecciones libres y competitivas, lo que ha llevado a una erosión institucional que se inició entre 2015 y 2016. La ciudadanía ha sido privada del ejercicio de su derecho al sufragio, mientras se acumulan evidencias sobre la utilización del poder público para fines ajenos a las funciones del Estado.

Las estructuras estatales en Venezuela han sido cooptadas por actividades criminales, lo que ha facilitado delitos transnacionales sin un control interno efectivo ni independencia judicial. El narcotráfico, aunque pueda ser ejecutado desde el poder, es considerado una actividad criminal privada y no está protegido por inmunidad estatal.

Impunidad y responsabilidad internacional

La jurisprudencia internacional ha establecido que la inmunidad de los jefes de Estado no es absoluta y no puede servir como un escudo de impunidad frente a crímenes graves. En el caso de Manuel Noriega, los tribunales de Estados Unidos afirmaron que el narcotráfico es una conducta delictiva privada, excluida de la protección soberana.

Este principio fue reafirmado por la House of Lords del Reino Unido en el caso de Augusto Pinochet, donde se determinó que la inmunidad no se aplica a crímenes internacionales prohibidos por normas imperativas del derecho internacional, como la tortura. Aunque este caso se centró en la tortura, consolidó la tendencia a limitar las inmunidades para delitos graves.

Estos precedentes indican que el derecho internacional exige la persecución penal de gobernantes que utilizan el poder público para cometer ilícitos internacionales, dejando claro que la soberanía estatal no puede ser un mecanismo de impunidad. Este mensaje es un llamado de atención de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región.

América Latina debe aspirar a estándares más altos de legalidad y responsabilidad democrática. Es preocupante que los organismos internacionales no hayan condenando ni perseguido con la firmeza necesaria a regímenes inconstitucionales como el de Nicolás Maduro.