Los casos de corrupción, como el de los sobornos de Super Tucano y la venta irregular de Los Tres Brazos, evidencian la alarmante lentitud del sistema judicial dominicano. Ambos procesos, aún abiertos, han estado en los tribunales durante años sin avances significativos, lo que ha generado preocupación en la sociedad.

El caso de los Super Tucano, donde la empresa brasileña Embraer pagó sobornos a funcionarios dominicanos, lleva casi una década en los tribunales. Por otro lado, el caso de Los Tres Brazos, relacionado con la comercialización irregular de terrenos en Santo Domingo Este, se ha prolongado por casi ocho años. En ambos casos, las decisiones iniciales de extinción de la acción penal fueron anuladas por la corte de apelación y la Suprema Corte de Justicia.

Los acusados en el caso de los Super Tucano incluyen al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor. En el caso de Los Tres Brazos, los principales imputados son Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams y Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, entre otros.

En cuanto a los casos de corrupción más recientes, el que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez ha mostrado un avance significativo, con una sentencia de condena a ocho de los 21 acusados. Sin embargo, esta sentencia, emitida en agosto del año pasado, fue notificada en noviembre y el expediente fue enviado a la Corte de Apelación solo la semana pasada.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez también enfrenta un largo proceso judicial, con un auto de apertura a juicio que se dictó hace casi dos años, pero que aún no ha visto el avance de la acusación. El fallo para el juicio de fondo de más de veinte militares y policías está programado para el próximo lunes 15.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, atribuyó las dilaciones en estos casos al Poder Judicial, señalando que los jueces han sido permisivos con las estrategias de defensa que buscan extender los procesos. Álvarez destacó que el Código Procesal Penal establece plazos claros que no se están cumpliendo.

Entre los exfuncionarios en el banquillo de los acusados se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana y el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo, quienes enfrentan un juicio que se ha prolongado por tres años. También está el exdirector del Intrant, Hugo Beras, cuyo caso ha estado en los tribunales durante un año y ocho meses.