El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una posible nulidad del caso en su contra si no se demuestra qué resolución judicial autorizó el análisis de conversaciones intervenidas que llevaron a su imputación por actos penalmente reprochables. La defensa de Zapatero ha advertido al juez José Luis Calama que, de no existir tal autorización, estas conversaciones deben ser excluidas del procedimiento, lo que podría conllevar un incidente de nulidad.
Zapatero, quien es el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, está acusado de haber influido para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo de 53 millones de euros en 2021 debido a la crisis provocada por la pandemia, a cambio de supuestas comisiones. La pasada semana, declaró en la Audiencia Nacional por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Además, se le imputan delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, que se encontraban en la caja fuerte de su oficina, según la tasación pericial ordenada por el juez. Su abogado, Víctor Moreno Catena, ha mencionado un disco duro considerado «crucial» que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y otras comunicaciones privadas de terceros afectadas por registros realizados el 24 de octubre de 2024.
Estas conversaciones fueron analizadas en informes policiales y están incluidas en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025, lo que llevó a la apertura de una pieza separada en un juzgado de Madrid que inicialmente investigaba el caso Plus Ultra y posteriormente fue derivado a la Audiencia Nacional. El abogado de Zapatero ha señalado que la resolución que remitió el caso a la Audiencia Nacional se basó en un chat denominado «Danilo-España».
En este contexto, la jueza consideró que podría existir una organización internacional dedicada al blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países. El abogado ha subrayado que el material digital fue intervenido con un propósito específico y al servicio de procedimientos en el extranjero, aunque luego fue utilizado en investigaciones internas en España para fines distintos.
Moreno Catena ha solicitado en su escrito que se aclare si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron obtenidas regularmente. También pide a la Fiscalía que indique qué resolución judicial autorizó a las fuerzas policiales a analizar las comunicaciones privadas mencionadas y el lugar donde se encuentra esta autorización.
El abogado advierte que, si no se obtuvo dicha autorización, se verían gravemente afectadas las garantías esenciales del procedimiento, vulnerando derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección de datos personales.
