El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este miércoles que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está huyendo del proceso judicial en su contra debido a la evidencia que posee el Ministerio Público. Camacho hizo estas declaraciones tras la presentación de un recurso de oposición por parte de las defensas ante el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito Nacional.

Camacho explicó que la razón por la que Rodríguez evade el conocimiento del caso es porque es consciente de que será confrontado con las pruebas que se presentarán en el tribunal. “La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público”, destacó.

Entre los incidentes que las defensas han planteado se incluyen la nulidad de la acusación y la solicitud de que no se utilice el documento para abrir el juicio de fondo, argumentando que el término “Operación Medusa” es despectivo, algo que el Tribunal Constitucional había ordenado evitar. Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo decidirán sobre estas peticiones esta tarde.

“Esperamos que el tribunal mantenga su decisión y nos aboquemos a conocer este proceso”, enfatizó Camacho, quien recordó que los incidentes ya habían sido rechazados previamente por el juez de la audiencia preliminar y por el tribunal colegiado actual. Según él, no hay fundamentos para modificar esa decisión.

Camacho subrayó que el recurso de oposición presentado por las defensas carece de base legal, ya que los incidentes fueron desestimados anteriormente. “Es un recurso de oposición a los incidentes que ya fueron rechazados por el tribunal y que no hay ninguna razón para que el tribunal varíe su decisión en derecho”, sostuvo.

El caso involucra a Rodríguez y otros imputados, quienes enfrentan acusaciones por supuestos actos de corrupción durante su gestión como procurador entre 2016 y 2020. La presunta red de corrupción habría movilizado más de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, operando a través de sobornos, sobrevaluaciones en contrataciones y manipulación de procesos de compras.