El proyecto de ley sobre la implementación del voto electrónico en la República Dominicana, sometido por el diputado Elías Wessin Chávez, propone mecanismos tecnológicos y de seguridad para fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos electorales. La iniciativa incluye la creación de un sistema de respaldo físico verificable del voto, donde cada sufragio emitido electrónicamente generará un comprobante impreso que el elector podrá validar antes de ser depositado en una urna sellada.
Este sistema busca garantizar una doble verificación entre los resultados digitales y físicos. Además, se establece que el sistema de votación opere sin conexión a internet durante la jornada electoral, minimizando así los riesgos de hackeos y manipulaciones externas.
Auditorías y control multipartidario
La propuesta también incluye la obligatoriedad de realizar auditorías técnicas nacionales e internacionales antes y después de cada proceso electoral. Se contempla que se realicen auditorías posteriores que comparen los resultados electrónicos con los comprobantes físicos en al menos un 10% de las mesas electorales.
El software utilizado deberá contar con un código fuente auditable por los partidos políticos acreditados, permitiendo que estas organizaciones revisen y fiscalicen el funcionamiento del sistema. La legislación incorpora principios tecnológicos modernos, como auditabilidad, trazabilidad y transparencia tecnológica.
En cuanto a la seguridad, se plantea la separación física de redes, el uso de cifrado robusto y registros de eventos inalterables para reforzar la integridad del sistema. Los partidos políticos podrán designar técnicos para participar en simulacros y pruebas, ampliando así el control multipartidario sobre el proceso.
Delitos tecnológicos y marco legal
El proyecto también tipifica delitos tecnológicos electorales, considerando la manipulación fraudulenta del sistema de votación como un crimen agravado y estableciendo sanciones por sabotaje informático. La propuesta busca crear un marco legal especializado para regular el uso y control del voto electrónico en el país, diferenciándose de intentos anteriores de automatización electoral.
Actualmente, la normativa se encuentra bajo estudio en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, donde se han llevado a cabo encuentros con representantes del órgano electoral y partidos políticos para recoger sugerencias. Esta legislación se presenta en un contexto donde el Tribunal Constitucional anuló en 2022 el uso de tecnologías en los procesos electorales, argumentando que el voto automatizado podría vulnerar el carácter directo y secreto del sufragio.
