La posible caída del proyecto de ley contra la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el impacto negativo que tendría el retraso legislativo en la protección de niñas y adolescentes vulnerables a esta práctica. Aunque Colombia reconoció oficialmente hace casi dos décadas la existencia de la MGF, colectivos sociales aseguran que aún no se han implementado acciones contundentes para prevenir y erradicar este problema que afecta principalmente a comunidades indígenas.

En una carta enviada al Senado colombiano, catorce organizaciones solicitaron con carácter de urgencia que el proyecto sea debatido antes del cierre de la legislatura. De no ocurrir, la iniciativa deberá reiniciar todo el proceso legislativo cuando el nuevo Congreso asuma funciones el próximo 20 de julio.

La abogada de Equality Now para América Latina y el Caribe, Leandra Becerra, advirtió que el eventual hundimiento del proyecto enviaría un mensaje “doloroso y grave” para las lideresas indígenas y las comunidades que han trabajado en estrategias para eliminar la MGF en sus territorios. “Por la dinámica legislativa, el proyecto se hunde y tendría que presentarse nuevamente en la próxima legislatura”, lamentó la especialista en declaraciones ofrecidas a EFE.

La propuesta legislativa no busca imponer sanciones penales nuevas, sino promover medidas de prevención, educación y sensibilización, además de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades afectadas. La MGF incluye procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Según datos de UNICEF, esta práctica suele realizarse en niñas desde la infancia hasta los 15 años.

Organismos internacionales consideran la MGF una violación severa de los derechos humanos debido a las secuelas físicas y psicológicas que puede causar de por vida. Entre las consecuencias inmediatas figuran hemorragias, infecciones, dolor extremo y, en casos graves, la muerte. A largo plazo, también puede provocar complicaciones reproductivas, sexuales y obstétricas, así como trastornos emocionales como ansiedad, depresión y estrés postraumático.

Becerra subrayó que esta práctica “no representa ningún beneficio para las niñas y mujeres” y constituye una vulneración directa del derecho a la salud sexual y reproductiva. En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre MGF en las Américas, reconociendo la urgencia regional del problema y la necesidad de que los Estados adopten marcos legales más sólidos.

De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos de MGF en Colombia, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Las organizaciones firmantes insistieron en que el Senado colombiano tiene una “oportunidad histórica” para transformar el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva que garantice la protección de la vida, la dignidad y la integridad de niñas y adolescentes.