La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a la Corte Suprema que levante la orden judicial que impide la construcción de un muro fronterizo en Texas, específicamente en el parque nacional Big Bend. Esta petición se realizó el miércoles y busca reanudar las obras de seguridad en una zona remota que abarca aproximadamente 800 kilómetros de la frontera con México.
El Departamento de Justicia argumenta que la orden judicial de un tribunal inferior representa un «obstáculo» para la obligación del Gobierno de proteger una cuarta parte de la frontera de incursiones irregulares de inmigrantes y narcotraficantes. En su solicitud, los fiscales enfatizan la necesidad de avanzar en la construcción de barreras para garantizar la seguridad nacional.
Detalles del parque nacional Big Bend
El parque nacional Big Bend, que se extiende por más de 324,000 hectáreas, es una zona protegida que alberga especies animales amenazadas y cuenta con importantes yacimientos arqueológicos. Su ubicación a lo largo de la frontera con México lo convierte en un punto estratégico en la discusión sobre la seguridad fronteriza.
Las organizaciones conservacionistas que se oponen a la construcción del muro presentaron su caso en abril, alegando que la Administración de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de numerosas leyes para acelerar la construcción de las barreras. Estas leyes incluyen regulaciones medioambientales que, según los demandantes, son esenciales para la protección del ecosistema del parque.
En 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la Administración no estaba obligada a seguir estas leyes debido a una «necesidad aguda e inmediata» de acelerar el proyecto, argumentando que era crucial para combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico.
La construcción del muro fronterizo ha sido una de las prioridades de la política migratoria de Trump. Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante la instalación de barreras físicas y otras infraestructuras de control.
La decisión de la Corte Suprema sobre esta solicitud podría tener un impacto significativo en la política fronteriza y en la protección del medio ambiente en la región.
