La nueva regla del presidente estadounidense, Donald Trump, que obliga a los solicitantes de la ‘green card’ a regresar a sus países mientras esperan una decisión migratoria, afectará a más de medio millón de personas al año, según especialistas. Implementada desde la semana pasada, esta norma impedirá a los migrantes que ya están en EE. UU. realizar su ajuste de estatus migratorio dentro del país, obligándolos a solicitar la tarjeta verde desde sus naciones de origen.
Esta medida rompe con una práctica aprobada por el Congreso en 1952 y tendrá un impacto negativo en la vida de millones de personas, advirtió Daniel Costa, director de investigación del Economic Policy Institute (EPI). Los migrantes se verán obligados a dejar sus trabajos y, si no pueden trabajar de forma remota, podrían perder sus empleos, lo que podría resultar en separaciones familiares prolongadas.
Aunque no hay cifras exactas de los afectados, Costa señaló que más de la mitad del millón de personas que obtienen una ‘green card’ cada año lo hacen mediante el ajuste de estatus en EE. UU. En el año fiscal 2024, el 58% de los más de 1.35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal lo hicieron de esta manera, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el mayor impacto será para los migrantes con familia en EE. UU., ya que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. También se verán afectados inmigrantes con empleos en el país, trabajadores religiosos y beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis) es considerado «muy vago» por Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA, ya que no aclara todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones. Esto dificulta conocer el alcance exacto de la medida.
A pesar de que el Gobierno afirma que los migrantes solo necesitan regresar a casa para solicitar la visa, Johnson considera que esto es «desinformación peligrosa». El proceso puede no ser realista o seguro para muchos, lo que podría resultar en meses o años de separación de sus familias y comunidades.
Las nuevas medidas reflejan un enfoque de la Administración Trump que busca reducir la inmigración legal, según Costa. Ejemplos de esto incluyen restricciones al asilo en la frontera con México y la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para varios países, lo que podría tener repercusiones económicas significativas.
El experto del EPI estima que el país podría perder 6 millones de empleos, el 40% de ellos ocupados por estadounidenses, si se cumplen las metas de deportaciones del presidente. Esto podría tener un impacto económico negativo considerable para todo el país, especialmente en el contexto de otros desafíos económicos actuales.
