El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió este lunes separar a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), del expediente principal sobre una presunta red de sobornos por más de 108 millones de pesos. Esta decisión se tomó tras la presentación de una licencia médica por parte del imputado, que lo mantendrá recluido durante 15 días. La audiencia preliminar contra los demás acusados continuará el viernes 30 de octubre.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud del Ministerio Público, que había solicitado la separación debido a la condición médica de Caamaño Pérez. La audiencia correspondiente a este exfuncionario está programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, momento en el que se espera que el Ministerio Público presente la acusación formal.
En julio pasado, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra 14 personas físicas y jurídicas, quienes están señaladas como parte de una estructura dedicada al pago y recepción de sobornos para favorecer la contratación de servicios de seguridad privada en instituciones del Estado. Este caso ha captado la atención pública por la magnitud de los sobornos implicados.
El expediente cuenta con un respaldo de 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales. Entre los acusados se encuentran figuras como Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte.
También están implicados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), entre otros. La lista incluye a varios exfuncionarios de distintas instituciones del Estado.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que la presunta red habría distribuido RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios para asegurar la adjudicación y permanencia de contratos de servicios de vigilancia privada. Según el órgano acusador, estos pagos se habrían realizado entre los años 2012-2020 y 2020-2025, a través de transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.
El Ministerio Público sostiene que estas operaciones eran parte de un esquema de manipulación de contratos públicos y exigencias sistemáticas de pagos irregulares a cambio de beneficiar a empresas proveedoras de servicios de seguridad. Este caso sigue en desarrollo y se espera que las audiencias arrojen más detalles sobre las acusaciones.
