La Policía Nacional de la República Dominicana ha registrado un total de 98 muertes en enfrentamientos no esclarecidos entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre de este año. Estas muertes han generado un clamor por justicia por parte de los familiares de las víctimas, quienes denuncian que sus seres queridos fueron abatidos sin un debido proceso. La situación ha despertado el interés de organizaciones de derechos humanos y abogados que exigen investigaciones independientes.

Entre los casos más recientes se encuentra el de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges, de 16 años, quienes fueron asesinados en su hogar en Mendoza, Santo Domingo Este, el 21 de octubre. Según su abuela, uno de ellos aún estaba vivo cuando un agente regresó y le disparó en la cabeza. Esta denuncia se suma a otras que piden esclarecer las circunstancias de muertes atribuidas a la Policía.

De los 98 fallecidos contabilizados, 55 ocurrieron en septiembre y 43 en octubre. La Procuraduría General de la República no ha proporcionado información sobre el avance de las investigaciones, alegando la reserva de las pesquisas penales y la protección de datos personales. Esto ha llevado a la comunidad a cuestionar la transparencia de las acciones policiales.

En el marco de estos enfrentamientos, se han reportado también agentes heridos. En una intervención en Santo Domingo Norte, dos policías resultaron heridos, y uno de ellos, el mayor Andrés Pascual, fue visitado en el hospital por el director general de la Policía, Ernesto Rodríguez García. Otro caso involucró al cabo Rafael Gómez, quien resultó herido durante un allanamiento en Santiago.

La narrativa oficial de la Policía suele describir a los fallecidos como «delincuentes reconocidos» y justifica las intervenciones en base a órdenes de captura o labores de inteligencia. Sin embargo, esta forma de comunicar los hechos ha sido criticada por expertos y familiares, quienes consideran que oculta la realidad de la violencia y el abuso de poder en las intervenciones policiales.

La antropóloga Tahira Vargas ha señalado que existe una cultura de violencia dentro de la Policía, donde se presume que algunos agentes reciben pagos por proteger actividades delictivas. Este contexto ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las acciones policiales y la falta de investigaciones adecuadas sobre las muertes.

La Procuraduría ha mantenido silencio ante las solicitudes de información sobre las investigaciones de estas muertes, lo que ha generado desconfianza en la comunidad. El titular de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, ha manifestado que cada muerte representa una carga menos para el sistema penal, sugiriendo que esto podría ser un factor que influya en la falta de investigaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado 205 casos de muertes en enfrentamientos policiales durante este año, la mayoría de jóvenes de entre 18 y 25 años. Su presidente, Manuel María Mercedes, ha denunciado la complicidad del Ministerio Público y ha instado a que se realicen indagatorias forenses independientes.

A pesar de las reformas policiales impulsadas por el presidente Luis Abinader, los testimonios de las comunidades reflejan un clima de miedo y desconfianza hacia las fuerzas del orden. La Constitución establece el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, lo que resalta la necesidad de esclarecer cada intervención y determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas.