La República Dominicana ha visto un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, con un aumento del producto interno bruto (PIB) real del 5.1% anual entre 1990 y 2024 y una reducción de la pobreza monetaria del 41.1% en 2015 al 17.3% en 2025. Sin embargo, esta mejora contrasta con la persistencia de desigualdades territoriales, donde regiones como Ozama y Cibao Norte acaparan inversiones y oportunidades, mientras que municipios en áreas como El Valle, Enriquillo e Higuamo siguen enfrentando limitaciones estructurales. A pesar de que la cohesión territorial es un objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la brecha entre la teoría y la práctica sigue siendo amplia.
La cohesión territorial se considera una política transversal en la estrategia mencionada, lo que implica su integración en todas las políticas públicas. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos ha sido un desafío, evidenciando dificultades para traducir las intenciones institucionales en resultados tangibles que ayuden a disminuir las desigualdades territoriales.
Factores que contribuyen al rezago
La pregunta que surge es por qué tantos territorios continúan rezagados a pesar del crecimiento económico y la planificación pública. Paul Collier, en su obra «Rzagados: una nueva economía para lugares olvidados», señala que el crecimiento nacional no asegura prosperidad para todos. Las economías de aglomeración tienden a concentrar recursos en territorios con ventajas, dejando a otros atrapados en dinámicas de baja productividad.
En el contexto dominicano, la planificación del desarrollo ha seguido una lógica descendente, donde las prioridades se establecen a nivel nacional y se trasladan a los niveles provincial y municipal. Esto ha llevado a que los territorios actúen principalmente como receptores de decisiones tomadas en instancias superiores, lo que limita su capacidad para formular proyectos ajustados a sus necesidades específicas.
Como resultado, las inversiones que reciben los municipios pueden ser inadecuadas, derivadas de programas nacionales en lugar de intervenciones personalizadas. Los territorios con mejor infraestructura y capacidad institucional tienen más facilidad para atraer recursos, lo que puede perpetuar las desigualdades que se busca corregir.
Medición de la pobreza y propuestas de desarrollo
Los mapas de pobreza revelan la magnitud del problema, mostrando que en 2014, un 40.4% de los hogares vivían en pobreza multidimensional. Aunque el Mapa de Pobreza Monetaria 2024 indica una disminución de la pobreza nacional al 19%, es crucial armonizar las mediciones para evaluar adecuadamente el progreso de los territorios más rezagados.
Collier argumenta que las transferencias y las inversiones aisladas son insuficientes para transformar los lugares olvidados. Se requieren capacidades productivas, instituciones efectivas y conexiones con los mercados para generar riqueza y empleo de manera sostenible. Las obras comunitarias y deportivas, aunque mejoran la calidad de vida, no crean una base económica sólida por sí solas.
Para un municipio agrícola, por ejemplo, es esencial una estrategia integral que incluya caminos productivos, riego y formación técnica. Otros territorios podrían enfocarse en el turismo o servicios logísticos. Las intervenciones deben surgir de diagnósticos territoriales y coordinarse entre el Gobierno central, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.
La República Dominicana debe avanzar hacia un modelo de planificación que considere las prioridades locales, fortaleciendo los gobiernos locales y permitiendo una mayor participación en la selección de proyectos. La equidad territorial implica reconocer que los lugares con mayores desventajas requieren apoyos diferenciados para generar oportunidades comparables.
El desarrollo en los territorios rezagados no es un proceso automático; requiere un enfoque deliberado que fortalezca sus capacidades y aproveche sus potencialidades. La cohesión territorial debe medirse no solo por la cantidad de obras, sino por resultados verificables que incluyan la reducción de brechas y el aumento de oportunidades para la población en estos municipios históricamente rezagados.
