La Suprema Corte de Justicia (SCJ) reafirmó el respeto al debido proceso en las acciones disciplinarias del Ministerio de Educación (Minerd) mediante la sentencia SCJ-TS-25-29601-18237260, emitida el 29 de agosto de 2025. La decisión se tomó tras el recurso de casación presentado por el docente Miguel Antonio Cuevas Pérez, destituido el 19 de junio de 2024 tras un proceso disciplinario.

El proceso disciplinario se inició a raíz de una querella penal contra Cuevas Pérez, acusado de seducción y relaciones sexuales con una menor de edad en la provincia Independencia. La querella fue presentada el 27 de noviembre de 2023, resultando en la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.

El Minerd suspendió inicialmente al docente y luego lo canceló tras la medida de coerción. Cuevas Pérez apeló ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) solicitando su reingreso y el pago de salarios no percibidos, pero su solicitud fue rechazada.

Posteriormente, el docente llevó su caso a la SCJ para anular la sentencia 0030-1643-2024-SSEN-00753 del TSA, que limitó su compensación a beneficios como vacaciones y salario de Navidad, sin conceder su reintegro laboral.

Aunque el proceso penal fue archivado provisionalmente, el Minerd emitió una Resolución Disciplinaria el 19 de junio de 2024, destituyendo a Cuevas Pérez por faltas graves relacionadas con la violación de disposiciones legales y constitucionales.

El recurrente alegó violaciones a derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, así como fallos en la motivación de la sentencia del TSA. Sin embargo, la SCJ determinó que el proceso disciplinario cumplió con las garantías mínimas, como la notificación y el derecho de defensa.

La SCJ también estableció que la presunción de inocencia en el ámbito penal no impide la imposición de sanciones administrativas, ya que ambas jurisdicciones son independientes. Además, concluyó que el TSA respondió adecuadamente a los planteamientos de Cuevas Pérez, descartando irregularidades en el proceso.

Finalmente, la SCJ rechazó el recurso de casación de Cuevas Pérez y confirmó la sentencia del TSA, manteniendo su destitución y limitando su derecho a beneficios laborales. Esta decisión refuerza principios del ordenamiento jurídico dominicano, destacando la autonomía de la responsabilidad administrativa frente a la penal.