Defensores de los derechos civiles presentaron este lunes una nueva demanda para bloquear partes de la ley SB4 en Texas, que tipifica como delito la entrada irregular al estado y otorga a jueces la autoridad para ordenar deportaciones. La acción legal busca impedir que varias disposiciones de esta ley entren en vigor el próximo 15 de mayo.

La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas ante un tribunal federal. Esta ley, considerada una de las más extremas en materia de inmigración en Estados Unidos, fue aprobada en 2023, pero su implementación había sido suspendida debido a una demanda anterior de la ACLU.

Recientemente, un Tribunal de Apelaciones falló en contra de los demandantes, argumentando que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta nueva demanda. La querella busca bloquear cuatro disposiciones específicas de la ley, que incluyen tipificar como delito el reingreso sin autorización al país y otorgar a jueces estatales el poder para ordenar deportaciones.

Adriana Piñón, directora legal de la ACLU de Texas, expresó que la ley SB4 transformaría a la policía y a los jueces en agentes de inmigración, lo que amenazaría a comunidades con familias que han vivido en Texas durante años. Piñón subrayó que la aplicación de las leyes de inmigración es una prerrogativa exclusiva del gobierno federal.

La ley SB4 entrará en vigor en un contexto donde el gobernador Greg Abbott ha instado a las principales ciudades del estado, como Houston, Dallas y Austin, a no limitar la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta presión se da en medio del rechazo de la ciudadanía a las políticas de inmigración más severas impulsadas durante la administración Trump.

La situación refleja un creciente conflicto entre las autoridades estatales y los defensores de los derechos civiles, quienes continúan luchando contra lo que consideran una violación de los derechos de los inmigrantes en Texas.