Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe solicitaron a República Dominicana acelerar su transición hacia energías renovables y disminuir su dependencia de combustibles fósiles, argumentando que el país tiene las condiciones necesarias para avanzar hacia un sistema energético menos vulnerable a las fluctuaciones de precios internacionales del petróleo y gas. La petición se realizó durante una rueda de prensa en el marco de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLACDE), que se lleva a cabo en Santo Domingo.
En el evento participaron representantes de diversas organizaciones, incluyendo a Carolina Sánchez Naranjo de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles y Charlie Canek de Nuestra Energía, Nuestro Futuro. Los asistentes advirtieron que la dependencia de combustibles fósiles no solo presenta un desafío ambiental, sino también un riesgo económico, ya que República Dominicana destina aproximadamente el 4.4% de su producto interno bruto a la importación de estos combustibles.
Las organizaciones propusieron aprovechar el crecimiento de las energías renovables y el desarrollo de tecnologías de almacenamiento para disminuir la dependencia de combustibles importados. Durante la actividad, se destacó el avance en el uso de baterías que permiten integrar más energía solar y eólica en los sistemas eléctricos, asegurando el suministro en momentos de baja generación.
Los representantes señalaron que República Dominicana ya ha comenzado a incorporar sistemas de almacenamiento en su nueva generación renovable, una tendencia que también se observa en otros países de la región. Este desarrollo podría facilitar una mayor participación de fuentes renovables sin aumentar la dependencia de combustibles fósiles.
Uno de los puntos críticos discutidos fue la necesidad de evitar que la transición energética genere una nueva dependencia, especialmente del gas natural. Las organizaciones enfatizaron que la reducción de costos en tecnologías renovables y el desarrollo de sistemas de almacenamiento permiten explorar opciones para avanzar hacia una electrificación más sostenible.
Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de que las políticas energéticas consideren no solo el costo inmediato de la electricidad, sino también la exposición futura a precios internacionales y los impactos ambientales. También se solicitó mayor participación de las comunidades en decisiones sobre generación y distribución de energía.
Las organizaciones abogaron por modelos de generación distribuida que permitan a hogares y comunidades producir parte de su electricidad. Destacaron la necesidad de establecer reglas diferenciadas para usuarios residenciales, comerciales e industriales, considerando las variaciones en consumo y capacidad económica.
Como ejemplo, mencionaron experiencias en Puerto Rico, donde comunidades han implementado microrredes solares para mantener servicios esenciales durante interrupciones eléctricas. Además, reclamaron un espacio permanente para la sociedad civil dentro de OLACDE, similar al que ya tiene el sector empresarial.
Las organizaciones consideran que su inclusión formal podría enriquecer la transición energética con conocimientos técnicos y experiencias comunitarias, proponiendo la creación de un espacio permanente, reglas claras para la generación distribuida, y mecanismos de financiamiento que no aumenten el endeudamiento de los países.
