La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el hostigamiento y las represalias contra el periodista ecuatoriano Hernán Higuera, del canal Ecuavisa, debido a sus investigaciones sobre corrupción en el Gobierno de Ecuador. Higuera se apartó de la investigación del caso Progen tras recibir presiones que afectaron a su familia.

Los ataques contra Higuera están relacionados con su trabajo sobre el caso Progen, que investiga irregularidades en contratos durante la crisis energética de 2024. Tras sus reportajes, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se pronunció en contra del periodista.

El periodista, quien ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2012, anunció su decisión de apartarse de la investigación en el noticiero central de Ecuavisa, señalando que su familia había sido objeto de presiones por parte de instituciones del Estado.

Higuera atribuyó a represalias el despido de su esposa de una empresa pública y la suspensión de su hijo de su plaza como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social. La SIP también denunció el uso de organismos estatales, como Arcotel y Cordicom, para presionar al periodista, describiendo esto como un «patrón de intimidación institucional».

Ecuavisa afirmó que las presiones oficiales buscan obstaculizar las investigaciones sobre el caso Progen y debilitar el periodismo de fiscalización en temas de interés público. En este caso, la Fiscalía General del Ecuador procesa a 21 personas por presunta malversación de fondos públicos.

Las investigaciones indican que se destinaron 104 millones de dólares de fondos públicos para la compra de generadores para las centrales térmicas de Quevedo y Salitral, pero los equipos entregados estaban usados y no cumplían con los estándares técnicos requeridos.

Organizaciones como la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) también han rechazado el acoso contra Higuera y su familia. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, exigió el cese inmediato de estas acciones y garantías para el ejercicio libre del periodismo.