La jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Vanessa Acosta Peralta, destacó la necesidad de actualizar los marcos legales en la República Dominicana para evitar la aplicación de leyes obsoletas que han estado vigentes entre 20 y 30 años. Su declaración se produjo durante un encuentro con jueces y fiscales sobre la reforma a la ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El evento tuvo lugar en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), donde Acosta Peralta calificó la reforma como una tarea de gran importancia para el país. Resaltó el enfoque participativo del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), que busca unir las distintas voces del sistema con un objetivo común.

La magistrada enfatizó que la experiencia de jueces y representantes del Ministerio Público es fundamental para identificar los avances en la protección de la niñez y adolescencia. “En el ámbito de la niñez y la adolescencia esta exigencia cobra una dimensión particularmente sensible, pues implica, no solo proteger derechos, sino también asegurar la trayectoria de vidas dignas y oportunidades reales para el porvenir”, indicó.

Acosta Peralta también reflexionó sobre cómo la propuesta de reforma impacta la garantía efectiva de derechos y el desarrollo integral de los menores. La directora ejecutiva de Conani, Alexandra Santelices, consideró el encuentro como una oportunidad para crear una ley que realmente responda a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, señalando los múltiples desafíos que enfrenta el sistema de protección.

La coordinadora del proyecto de modificación de la ley 136-03, Dilia Leticia Jorge Mera, explicó que el objetivo del encuentro fue contextualizar el proceso de actualización y reforma, así como presentar los ejes centrales de la propuesta. Esta consta de cuatro libros que abordan derechos fundamentales, derecho de familia, sistema penal adolescente y el sistema de protección legal.

El proyecto incluye la prohibición absoluta del castigo físico, psíquico, moral o sexual en cualquiera de sus manifestaciones. La ley 136-03 fue promulgada el 7 de agosto del 2003, y su reforma busca adaptarse a las necesidades actuales de la niñez y adolescencia en el país.