GUADALAJARA (MÉXICO). – Siete personas detenidas durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara han sido trasladadas al complejo carcelario de Puente Grande, según informó la Fiscalía de Jalisco. Esta institución ha sido criticada por colectivos y familiares por no seguir el debido proceso en el caso de los acusados.

La manifestación del domingo reunió a miles de habitantes de la zona conurbada de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, quienes exigían soluciones por el agua contaminada que reciben en sus hogares. La protesta resultó en detenciones y dejó a decenas de personas heridas, incluyendo a miembros de la prensa y policías.

La fiscalía estatal reportó que liberó a 32 de las 39 personas detenidas, quienes aún tienen una carpeta de investigación abierta. De los siete restantes, seis enfrentan acusaciones de “lesiones dolosas” contra agentes de seguridad pública, mientras que a otro se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares.

Entre los acusados se encuentra un repartidor de comida que no participaba en la protesta. Posteriormente, la fiscalía aclaró que los siete detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado para las audiencias correspondientes y no serán ingresados a prisión, sino que permanecerán en el área de juzgados.

La dependencia añadió que el traslado a este complejo de máxima seguridad no implica una sentencia, ya que el juzgado de control evaluará su situación jurídica en las próximas horas y decidirá si serán vinculados a proceso y las posibles medidas cautelares, que podrían incluir su liberación.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que participa en la defensa legal de los detenidos, exigió a la fiscalía respetar el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada. En un comunicado, solicitó la liberación de los detenidos y pidió al Poder Judicial no ser cómplice de actos de injusticia ni de la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Desde el domingo, CEPAD y otras organizaciones de derechos humanos han documentado la detención arbitraria y violenta de 49 personas, cifra que difiere de las 39 reportadas por la fiscalía. Los colectivos, abogados y familiares sostienen que ninguno de los trasladados a Puente Grande cometió los delitos que se les imputan y que las detenciones fueron violentas, como evidencian múltiples videos presentados como prueba.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar la actuación de los policías de Jalisco en las protestas, siempre que los afectados presenten una denuncia formal. Este martes se prevén al menos cuatro protestas convocadas por estudiantes y ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad para exigir la liberación de los detenidos y el derecho a manifestarse pacíficamente.