La segunda fase del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) parece haber entrado en un estado de estancamiento.

A cinco meses de que la Procuraduría General de la República anunciara que trabajaba “sin descanso” para judicializar el caso, los avances visibles son escasos y la expectativa pública comienza a diluirse.

En las últimas semanas, los interrogatorios en la PGR, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se han reducido notablemente, en medio de una actividad que se percibe cada vez más tímida.

Durante el día, es evidente la baja afluencia de personas hacia los despachos de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y del procurador adjunto Wilson Camacho, quienes son responsables de la persecución penal.

Todo indica que el órgano persecutor ha concentrado su atención en otros procesos, dejando en segundo plano los interrogatorios vinculados al caso Senasa 2.0.

El 16 de diciembre del año pasado, Reynoso aseguró que un equipo especial de fiscales trabajaba de forma intensiva en la nueva fase del expediente, que enfrenta una estructura de corrupción administrativa que habría afectado al Senasa y a más de siete millones de afiliados.

Sin embargo, el “plazo razonable” que mencionó para los avances comienza a extenderse más de lo esperado.

Situación actual del caso

El mes pasado, Wilson Camacho afirmó que la “solidez de las pruebas” en la nueva fase del caso está ejerciendo presión sobre los implicados, quienes han comenzado a explorar posibles acuerdos.

Sostuvo que las investigaciones abarcan tanto hechos pasados como actores vinculados al presente, y que el trabajo del Ministerio Público se mantiene activo.

“Aunque parezca que no hay movimiento, los fiscales siguen trabajando intensamente. Los resultados serán visibles cuando presentemos la segunda parte del caso”, aseguró Camacho.

Para hoy está programada la revisión obligatoria a los imputados del desfalco en la ARS estatal.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a varios imputados, entre ellos Santiago Marcelo F.

Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones. Otros, como Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, cumplen prisión domiciliaria con garantía económica e impedimento de salida del país.

Impacto del escándalo

El desfalco en el Seguro Nacional de Salud ha impactado a más de siete millones de afiliados, configurándose como uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el sistema de salud dominicano. Detectado a finales de 2025, el caso involucra un presunto fraude superior a los 15,000 millones de pesos.

A través de un entramado criminal, se habrían desviado fondos destinados a medicamentos mediante contratos irregulares, afectando directamente a los sectores más vulnerables.

La red, desmantelada mediante la denominada “Operación Cobra”, incluye exfuncionarios y particulares acusados de manipulación financiera, falsificación de documentos y lavado de activos.

El juez Rigoberto Sena calificó el expediente como “tétrico, sombrío y extremadamente grave”, y la justicia lo declaró complejo, imponiendo medidas de coerción contra los implicados.

Organizaciones como Participación Ciudadana consideran este caso un duro golpe a la confianza en las instituciones públicas y exigen sanciones ejemplares.

A pesar de que se esperaba que las pesquisas de la segunda fase del caso Senasa comenzaran durante la pasada Semana Santa, esto no ha ocurrido, generando preocupación en sectores de la sociedad civil.

El órgano acusador ha indicado que muchos investigados han manifestado su disposición de llegar a acuerdos con el Ministerio Público.