El futuro del presidente paraguayo, Santiago Peña, está en manos del Congreso, que deberá decidir sobre el juicio político en su contra tras su renuncia este jueves, en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Peña presentó su dimisión para evitar un juicio que podría despojarlo de fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco. La crisis se desató después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el cierre de Ueno, lo que generó el descontento de miles de usuarios preocupados por sus fondos.

El BCP detectó que el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido, debido a ajustes en sus estados financieros. Según el artículo 189 de la Constitución de Paraguay, los expresidentes elegidos democráticamente son senadores vitalicios, salvo que sean sometidos a juicio político y hallados culpables.

La sesión convocada para aceptar su renuncia no logró cuórum debido al abandono de varios legisladores oficialistas, lo que llevó al Congreso a iniciar el juicio político contra Peña, quien ha anunciado que se defenderá de las acusaciones.

A pesar de su renuncia, Peña sigue siendo el presidente formalmente, aunque su futuro depende de la votación en el Senado. La acusación en su contra incluye conflictos de intereses y cooptación del Estado, haciendo referencia a sus acciones en Ueno Holding, que agrupa varias empresas, incluyendo Ueno Bank.

Además, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá a Peña en las investigaciones de tres causas penales relacionadas con Ueno Bank, que también involucran a otros exfuncionarios de su gestión. Un grupo de congresistas amplió una denuncia presentada en octubre de 2025, incorporando hechos sobre la supervisión del banco y la colocación de fondos públicos.

Mientras tanto, cientos de ciudadanos se concentraron frente al Congreso en Asunción para exigir la destitución de Peña. Activistas han manifestado que no quieren que se acepte su renuncia, ya que esto lo blindaría como senador vitalicio.

En otro desarrollo, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno Bank, con pagos de hasta 10 millones de guaraníes o 1,565 dólares para un primer grupo de clientes sin deudas. Sin embargo, muchos fondos de clientes han quedado congelados, afectando también el patrocinio a equipos de fútbol y eventos deportivos en el país.

Peña se convierte así en el segundo gobernante sometido a juicio político en la historia reciente de Paraguay, después de Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012.