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República Dominicana avanza en propiedad intelectual según informe de EE. UU.

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República Dominicana se mantiene fuera de la Lista de Vigilancia 301 por tercer año consecutivo, según el último informe del Gobierno de Estados Unidos, lo que refuerza la confianza para invertir en el país.

Avances en Propiedad Intelectual

El reporte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, correspondiente a 2026, destaca que la nación caribeña ha logrado avances sostenidos en transparencia y control de la piratería. Esta información fue confirmada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), dirigida por José Ruben Gonell Cosme, quien atribuyó el éxito a políticas públicas y una mejor coordinación institucional.

Gonell Cosme señaló que la estrategia del presidente Luis Abinader ha sido clave para fortalecer la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual. En este sentido, destacó la creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), que busca articular esfuerzos entre diversas entidades para diseñar y ejecutar políticas efectivas en esta área.

El CIPI, establecido mediante el Decreto 776-22 y coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, reúne a organismos como la Procuraduría General de la República, ONAPI, Indotel, la Dirección General de Aduanas y Pro-Consumidor, entre otros. Su objetivo es cerrar brechas en la protección de activos intangibles y combatir prácticas ilegales que afectan la economía.

Compromiso del Gobierno

El Gobierno dominicano reafirma su compromiso de intensificar las medidas contra la piratería, tanto en entornos físicos como digitales, mediante operativos de fiscalización y programas de formación técnica en cooperación con Estados Unidos. El informe subraya que la propiedad intelectual es una prioridad en la política comercial estadounidense, impactando sectores que dependen de la innovación.

Este informe anual evalúa el desempeño de los países bajo los parámetros de la Ley de Comercio de 1974. Aquellos con fallas significativas en la protección de derechos suelen ser incluidos en listas de vigilancia, lo que puede afectar sus relaciones comerciales y flujos de inversión.

Para la República Dominicana, el desafío ahora es mantener estos avances. Permanecer fuera de la Lista 301 no solo indica cumplimiento, sino que también impone la necesidad de seguir fortaleciendo las instituciones y mecanismos de control en un entorno cada vez más exigente.

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