La regulación de los juegos de azar en la República Dominicana enfrenta importantes desafíos en el ámbito del derecho administrativo, tras la promulgación de la Ley núm. 86-26 el 22 de septiembre de 2026. Esta legislación busca establecer un marco que garantice el control estatal sobre una actividad económica que requiere mecanismos de autorización, supervisión y sanción, todo ello en el contexto de la libertad de empresa y la protección de los derechos de los particulares.
La ley introduce un régimen de autorizaciones administrativas que define las condiciones para el otorgamiento de licencias y su posible suspensión o revocación. En este sentido, el Consejo de Juegos de Azar tiene la competencia de decidir sobre las licencias, mientras que la Dirección General de Juegos de Azar se encarga de expedirlas, evaluando requisitos como la idoneidad y la capacidad financiera de los solicitantes.
Desafíos en la implementación
Uno de los aspectos críticos es la suspensión temporal de diez años para ciertas modalidades de licencias, estipulada en el artículo 191, que comienza a contar desde la publicación del registro de licenciatarios. Esta medida, que no incluye a los casinos en hoteles y lugares turísticos, plantea interrogantes sobre su impacto en la competencia y el acceso de nuevos operadores al mercado.
La ley también establece un sistema de supervisión y fiscalización, que incluye inspecciones y seguimiento de las actividades autorizadas. Además, se incorporan medidas de protección para usuarios, como el Registro Nacional de Autoexclusión, que exige verificación de identidad y edad en modalidades digitales, lo que implica retos en el manejo de datos personales y la seguridad de la información.
El régimen de infracciones y sanciones, que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, se complementa con antecedentes normativos que ya reconocían a los operadores de juegos de azar como sujetos obligados en la lucha contra el lavado de activos. La ley actual refuerza estas facultades sancionadoras, lo que exige una clara delimitación entre los distintos regímenes normativos para evitar duplicidades.
Organización administrativa y retos futuros
La creación de la Dirección General de Juegos de Azar, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, busca mejorar la coordinación y supervisión del sector. Sin embargo, su efectividad dependerá de una adecuada evaluación de su desempeño y de la sostenibilidad financiera de su operación.
La implementación del nuevo marco regulatorio presenta desafíos significativos, como garantizar una transición institucional ordenada y el desarrollo de los reglamentos necesarios. La supervisión de las modalidades digitales también requerirá sistemas confiables y mecanismos de verificación que respeten las garantías de protección de datos.
En conclusión, la Ley núm. 86-26 ofrece una oportunidad para fortalecer la regulación de los juegos de azar, pero su éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para aplicar sus disposiciones de manera efectiva y de la adaptación de los actores del sector a las nuevas exigencias. La verdadera efectividad de esta reforma se medirá en la mejora de la actuación administrativa y la protección del interés general.
