Una reforma fiscal que promueve la equidad y la formalización es un avance positivo, pero requiere que el Estado también asuma una postura de austeridad. Esta es la principal inquietud en torno al Plan Anti-Crisis de modernización fiscal que el Gobierno presentará al Congreso.

El proyecto incluye la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta, que aumentará de RD$34,685 a RD$39,900, tras casi diez años sin ajustes. Esta medida busca corregir una distorsión que empujó a muchos asalariados a escalas impositivas inadecuadas debido a la inflación.

Además, por primera vez, la reforma contempla una sobretasa de tres puntos al ISR empresarial, elevando la tasa del 27% al 30% durante tres años, aplicable solo a grandes contribuyentes con ingresos superiores a mil millones de pesos anuales. Este enfoque busca garantizar que empresas con beneficios similares paguen impuestos equitativos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) también se benefician, ya que quedan exentas de nuevas cargas y se eliminan los anticipos del ISR para microempresas. Esta medida podría impactar a cerca del 78% de las 140,000 empresas que declararon ISR el año pasado.

A pesar de estos avances, es fundamental que el Estado se comprometa a reducir el gasto público. El ministro de Hacienda ha señalado la necesidad de “comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado”, un principio que debe ser aplicado en la práctica.

En 2025, el gasto del Gobierno central alcanzó el 19.1% del PIB, con un déficit de 3.45%. La mayor parte del gasto se destina a gastos corrientes, lo que limita la inversión de capital y aumenta la carga de los intereses de la deuda, que se proyectan en alrededor de RD$324,000 millones para 2026.

El Estado dominicano enfrenta un problema de asignación de recursos más que de ingresos. Solicitar entre RD$40,000 y 50,000 millones adicionales sin un compromiso claro de recorte del gasto improductivo es insostenible. La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024 establece un límite al crecimiento del gasto primario, y se espera que este se respete.

Es importante destacar que esta reforma no busca una revisión profunda del pacto fiscal, sino que responde a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas en un contexto internacional complicado. Aunque es un paso necesario, no debe confundirse con una estrategia a largo plazo para el país.

El sector productivo del país no busca privilegios, sino un marco claro y justo que permita un crecimiento sostenible. La reforma es un avance, pero la reducción del gasto es igualmente crucial para su credibilidad. La verdadera prueba será si el Gobierno puede equilibrar sus ingresos y gastos de manera responsable.