La propuesta de reforma fiscal del gobierno de la República Dominicana ha generado preocupación al aumentar la carga impositiva sobre las familias, sin garantizar mejoras en la eficiencia del gasto público. Desde la oposición, se argumenta que esta reforma no es solo un ajuste técnico, sino una decisión política que impacta directamente el costo de vida y la capacidad de consumo de los hogares dominicanos.

El gobierno ha decidido colocar el peso del ajuste sobre la clase media y los sectores populares, justificándolo con la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esta sostenibilidad no puede lograrse solo a través de la recaudación, mientras se ignoren las ineficiencias en el gasto público.

En lugar de abordar una reforma profunda del Estado, se ha optado por aumentar la carga impositiva, una decisión que resulta más sencilla políticamente, pero más costosa para la sociedad. Este enfoque no considera que en una economía como la dominicana, cualquier incremento en la presión fiscal afecta rápidamente el poder adquisitivo de las familias.

A pesar de que el gobierno asegura que la reforma es progresiva, los efectos indirectos suelen ser regresivos. El aumento de impuestos sobre bienes y servicios impacta los precios finales, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos, que son los primeros en sufrir las consecuencias de estos incrementos.

Además, persiste la falta de confianza en la eficiencia del gasto público. Prometer que una mayor recaudación se traducirá en mejores servicios no es suficiente sin un compromiso claro y transparente sobre el uso de esos recursos adicionales.

Las consultas populares indican que esta reforma se presenta en un momento de desaceleración económica, lo que podría agravar sus efectos negativos. Aumentar la presión fiscal en un contexto de menor dinamismo productivo podría frenar el crecimiento y afectar la creación de empleo.

El debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado sigue ausente en esta propuesta. Sin abordar estos problemas fundamentales, cualquier reforma fiscal podría convertirse en un mero mecanismo de recaudación, desconectado de una verdadera estrategia de desarrollo.

En resumen, esta reforma no moderniza el sistema fiscal, sino que impone una carga adicional a los sectores más vulnerables. Desde la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, se hace un llamado al gobierno para que demuestre su compromiso con una mejor administración antes de exigir más sacrificios a la población.