El debate sobre los subsidios en la República Dominicana ha cobrado relevancia nuevamente en el marco de la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI). En particular, el subsidio a la electricidad se ha convertido en un tema crítico debido a su impacto en las finanzas públicas, las empresas distribuidoras y los hogares. La discusión se centra en qué subsidios deben mantenerse, quiénes deben beneficiarse y por cuánto tiempo.

Los subsidios a los combustibles también han sido un mecanismo recurrente para mitigar las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. En 2022, el Gobierno destinó aproximadamente RD$35,070 millones a subsidiar combustibles, cifra que disminuyó a RD$15,727 millones en 2023, pero que aumentó nuevamente a RD$16,294.4 millones en 2024. Para 2026, el esfuerzo fiscal se elevó considerablemente, alcanzando RD$40,200 millones hasta julio.

El subsidio eléctrico es un problema más estructural. Aunque se ha avanzado desde la aprobación del Pacto Eléctrico de 2021, el ajuste de tarifas aún está incompleto. Según el FMI, las tarifas aumentaron un 25% entre octubre de 2021 y junio de 2022, pero aún se mantenían un 30% por debajo del nivel necesario para cubrir costos, lo que representa un costo presupuestario del sector eléctrico de 1.4% del PIB en 2024.

Las pérdidas de distribución, la morosidad y las conexiones ilegales agravan el costo fiscal del sector. El FMI estima que el déficit del sector eléctrico promedió alrededor de 1.5% del PIB entre 2022 y 2024, gran parte de este déficit se atribuye a subsidios generalizados y pérdidas no técnicas. Por lo tanto, la reforma debe ir más allá de un simple aumento de tarifas.

La magnitud de los recursos destinados a subsidios eléctricos implica que no pueden considerarse solo como medidas temporales. Cada peso destinado a cubrir ineficiencias es un peso que no se puede invertir en áreas críticas como salud, educación o infraestructura. En 2022, los subsidios a los combustibles ayudaron a contener el impacto inflacionario, pero su prolongación puede convertirse en un compromiso fiscal recurrente.

En 2026, el Gobierno ha tenido que aumentar el subsidio semanal debido al incremento internacional del petróleo, alcanzando RD$875.3 millones en una sola semana de julio, acumulando un total de RD$22,198.3 millones en lo que va del año. Los subsidios alimentarios, por su parte, requieren un tratamiento diferente, ya que pueden proteger tanto al consumidor como al productor en momentos de inflación.

Desde 2023, la presión sobre los subsidios alimentarios ha disminuido, con RD$1,883 millones ejecutados en 2023 y RD$1,536 millones en 2024. La experiencia sugiere que estos subsidios deben concentrarse en instrumentos que impacten directamente la seguridad alimentaria y a los hogares de menores ingresos.

Propuestas para la reforma de subsidios

La reforma de los subsidios debe ser parte de un programa económico a mediano plazo. El Pacto Eléctrico de 2021 es una base institucional importante, pero su implementación necesita ser actualizada. El FMI ha sugerido que una reducción gradual de los subsidios eléctricos, junto con transferencias focalizadas a hogares vulnerables, podría generar ahorros fiscales significativos.

Es esencial establecer metas cuantificables para la reducción de pérdidas y la recuperación de costos. Además, la transparencia es crucial; la ciudadanía debe conocer el costo de cada subsidio y su impacto. Los ajustes a las tarifas deben ser graduales, evitando cambios bruscos que afecten a la población.

Las empresas públicas deben ser más eficientes para que cualquier reforma tarifaria sea sostenible. También es importante que el ahorro fiscal obtenido se utilice para ampliar las transferencias a los hogares vulnerables, priorizando la protección de quienes realmente necesitan apoyo.

Finalmente, la discusión sobre subsidios no debe verse como una oposición entre protección social y disciplina fiscal. El verdadero reto es compatibilizar la protección de los hogares con un uso eficiente de los recursos públicos, evitando que los subsidios temporales se conviertan en obligaciones permanentes del presupuesto.