El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó la prisión preventiva a tres acusados de formar parte de una red que supuestamente estafó RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). Los imputados son Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes verán rechazada la solicitud de cese de la prisión preventiva presentada por sus defensas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar. El magistrado Julio Aybar, presidente del tribunal, argumentó que el plazo razonable para mantener la prisión preventiva aún se sostiene y que el cese no es automático, considerando que el Ministerio Público está preparado para iniciar el juicio el 20 de noviembre de 2026.

El tribunal también evaluó la gravedad de los hechos y la posible pena en caso de una sentencia condenatoria. Se determinó que los argumentos presentados en la audiencia ya habían sido considerados previamente por otros jueces y no eran suficientes para liberar a los acusados.

Además, se concluyó que el juicio comenzará en dos semanas y que los imputados no ofrecen garantías para enfrentar el proceso en libertad, por lo que la prisión preventiva es la medida más adecuada en su caso. Santana Borsilea continuará en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Méndez y Mejía Pereyra permanecerán en el CCR-XVII de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

El proceso judicial también incluye a otros acusados como Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, entre otros, así como a varias empresas relacionadas con el caso. En total, se reporta que el fraude afectó a 366 víctimas.

El Ministerio Público ha sustentado su acusación con una amplia gama de pruebas, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos. La investigación culminó en la Operación Búho, ejecutada el 4 de octubre de 2023, que llevó al arresto de los directivos de Coop-Herrera implicados en el fraude.

La operación involucró a más de 20 fiscales, cerca de 100 policías y agentes de equipos especiales, y resultó en la ocupación de inmuebles, vehículos y otras propiedades de lujo, todo bajo autorización judicial. Los acusados estaban involucrados en prácticas como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros falsos para desviar dinero de los asociados y ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de una investigación exhaustiva realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.