La República Dominicana alberga un vasto potencial minero que podría transformar su economía. Bajo su suelo, se encuentran 40 millones de onzas de oro, 240 millones de onzas de plata y millones de toneladas de cobre y zinc. Esta riqueza no solo representa una oportunidad económica, sino también un desafío para la planificación estratégica del país.

La clave no radica en si se deben explotar estos recursos, sino en cómo se pueden convertir en un proyecto de nación que trascienda los ciclos políticos. La minería responsable puede ser una decisión de madurez civilizatoria, capaz de generar beneficios a largo plazo.

Los pilares de la economía minera

Pueblo Viejo, Romero y Candelones son más que nombres en un mapa; son los cimientos sobre los cuales la República Dominicana puede construir una economía diversificada y resiliente. La Formación Tireo, que atraviesa el país, contiene un potencial que otras naciones han sabido aprovechar para lograr décadas de progreso.

Pueblo Viejo, uno de los depósitos de oro más grandes del mundo, demuestra que es posible extraer riqueza del subsuelo sin comprometer el futuro ambiental. Su planta de tratamiento de efluentes no solo gestiona residuos, sino que también remedia la contaminación histórica de la minería primitiva.

Proyectos con enfoque sostenible

Romero y Candelones, ubicados en la Formación Tireo, representan un avance significativo en la minería dominicana. Romero destaca por su amplio potencial geológico, mientras que Candelones propone un modelo de lixiviación en pilas que evita el uso de presas de relaves, minimizando la huella ecológica.

El marco fiscal propuesto incluye un 5 % de regalías directas al Estado sobre el valor de los metales producidos, además de un 5 % adicional para las comunidades. Esta estructura financiera reconoce que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y deben generar beneficios compartidos.

Desmitificando la minería

La narrativa que presenta la minería como una elección entre desarrollo económico y preservación ambiental es engañosa. Rechazar proyectos mineros modernos y regulados no es un acto de conciencia ecológica, sino una renuncia a ingresos fiscales que podrían financiar educación y salud pública.

Oponerse a la minería regulada mientras se ignoran los pasivos ambientales históricos es una forma de hipocresía ecológica. Pueblo Viejo ya está limpiando la contaminación dejada por operaciones del pasado.

El costo de la inacción

Los ingresos generados por una industria minera bien gestionada podrían revolucionar la inversión pública en el país. Estos recursos podrían financiar la modernización del sistema educativo y la mejora de la infraestructura sanitaria.

Sin embargo, el debate nacional sigue atrapado en posturas ideológicas extremas. La verdadera cuestión no es si la minería es buena o mala, sino si podemos establecer un marco regulatorio robusto que garantice la explotación sostenible de nuestros recursos minerales.

Bajo nuestros pies yace un futuro posible. Oro, plata y cobre son más que metales; son una oportunidad histórica para construir una economía menos dependiente del turismo y las remesas. Pueblo Viejo, Romero y Candelones deben ser vistos como pilares de un proyecto nacional ambicioso, no como amenazas ambientales.

Ignorar la riqueza que poseemos no es prudencia ecológica; es una miopía estratégica que podría empobrecer a la nación en el largo plazo.