En Caracas, un grupo de aproximadamente treinta personas se reunió frente a la fiscalía para exigir libertad y mejoras laborales, tras la caída de Nicolás Maduro. Madres piden la liberación de sus hijos considerados presos políticos, mientras trabajadores petroleros claman por mejores condiciones laborales y adultos mayores exigen pensiones justas. Las protestas han resurgido en un contexto donde el miedo a la represión parece disminuir tras la captura de Maduro en enero.

La represión que siguió a la reelección de Maduro en 2024 había limitado las conversaciones en espacios públicos, pero la libertad de expresión comienza a recuperarse. Diego Casanova, un activista, señala que la caída del líder chavista representa «un antes y un después» para el país. Durante la manifestación, un grupo de mujeres coreó «¡No hay libertad!» y mostraron fotos de sus familiares presos, así como carteles pidiendo el cierre de «todos los centros de tortura».

La policía observó la escena sin intervenir, mientras que la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, enfrenta la presión de Washington. Casanova comentó que, aunque la persecución continúa, hay un mayor costo político por ello, lo que la población también ha comenzado a entender. Las protestas de 2024 se sofocaron con arrestos masivos y la represión durante el gobierno de Maduro dejó cientos de muertos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), las manifestaciones aumentaron un 144 % en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025. La captura de Maduro ha abierto nuevas posibilidades, pero también ha generado incertidumbre, según Danny Socorro, director de la escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello.

Nely Molina, una jubilada de 76 años, se sintió incapaz de protestar durante meses, pero ahora siente que las cosas han cambiado desde la detención de Maduro en Nueva York. Durante otra protesta, se quejó de su pensión «de hambre» junto a otros ancianos, destacando que la crisis económica es uno de los principales motores de las marchas.

Los adultos mayores exigen «democracia» y «justicia», mientras que Dilsia Caro, de 50 años, recordó el miedo que existía antes para protestar. Su esposo, Noel Flores, está detenido por un supuesto magnicidio contra Maduro, y ella continúa exigiendo su liberación a pesar del riesgo que esto conlleva.

Familiares de presos políticos acampan cerca de la cárcel Rodeo I, pidiendo la liberación de sus seres queridos. Caro ha estado en vigilias por más de cien días, similar a las que se realizan frente al Helicoide, un lugar denunciado como centro de torturas. Aunque se aprobó una ley de amnistía tras una huelga de hambre, alrededor de 400 opositores siguen encarcelados, según la ONG Foro Penal.

Los reclamos son numerosos, incluyendo fallas en los servicios públicos, mejoras salariales y elecciones presidenciales, en un país que ha visto a ocho millones de sus ciudadanos emigrar. La represión ha tomado formas más sofisticadas y selectivas, con reportes de detenciones arbitrarias durante las manifestaciones, lo que mantiene a los activistas en alerta.

Casanova, durante la manifestación, colocó papeles en la acera que decían: «En este momento torturan a un preso político». A pesar de la aparente disminución del miedo, el aparato represivo sigue vigente en el país.