Orlando Espinosa, secretario de Asuntos Aduanales y Puerto de la Fuerza del Pueblo (FP), propone penas de hasta 30 años de prisión para quienes incurran en contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra hacia Haití. Esta iniciativa surge tras señalar casos de tráfico ilícito de estos materiales, lo que ha llevado a Espinosa a plantear una revisión de la legislación vigente para endurecer las sanciones y fortalecer los controles aduaneros.

Espinosa explicó que la Ley General de Aduanas 168-21 establece penas de hasta diez años de prisión para ciertas modalidades de contrabando agravado. Por otro lado, la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados contempla condenas que pueden alcanzar los 30 años por delitos específicos relacionados con el desvío de pertrechos oficiales.

El dirigente enfatizó que el Congreso Nacional debe revisar las disposiciones legales para evitar que las operaciones de tráfico de armamentos reciban sanciones menos severas cuando se realizan a través de procedimientos aduaneros. Esto es crucial para combatir las redes criminales que utilizan el comercio internacional para movilizar armamentos.

Como evidencia de la gravedad de la situación, Espinosa citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que mencionan la interceptación en el puerto de Haina de un contenedor procedente de Miami, declarado como ajuares del hogar, en cuyo interior se encontraron 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.

Además, mencionó la detención de un segundo teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano, quienes fueron sorprendidos transportando 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan. Este caso, según Espinosa, evidencia los riesgos del tráfico terrestre de municiones.

El representante de la FP cuestionó que durante la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se hayan reportado casos de municiones de origen militar dominicano en manos de organizaciones criminales haitianas. Consideró que estas situaciones requieren investigaciones y respuestas institucionales adecuadas.

Espinosa expresó su preocupación al afirmar que “resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas”. También aludió a casos de narcotráfico en los que han sido mencionados dirigentes y legisladores del PRM.

El dirigente insistió en que las nuevas modalidades del crimen organizado representan un desafío para la seguridad nacional y reiteró la necesidad de revisar el marco legal para fortalecer las sanciones contra quienes participen en el tráfico ilícito de armas y municiones.