La reciente ola de ejecuciones y disparos atribuidos a la Policía Nacional ha generado preocupación en la sociedad dominicana sobre el respeto al debido proceso y la igualdad ante la ley. Estos eventos, enmarcados como «intercambios de disparos», han suscitado la necesidad de una investigación objetiva por parte del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de cada caso. La justicia debe aplicarse sin favoritismos, garantizando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

El artículo 69 de la Constitución Dominicana establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El nuevo Código Procesal Penal, Ley 97-25, refuerza estos principios, prohibiendo tratar a alguien como culpable antes de una sentencia firme y garantizando la defensa desde los primeros actos del proceso. Estas normativas buscan asegurar que tanto víctimas como imputados reciban un trato justo y equitativo ante la ley.

Derechos de las víctimas y el papel del Estado

El Código Procesal Penal también protege a las víctimas, definiendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Los artículos 84 y siguientes permiten que las víctimas se constituyan en actores civiles dentro del proceso penal, lo que les otorga la capacidad de reclamar indemnización y participar activamente en las actuaciones judiciales. Esto subraya la importancia de que el Estado garantice no solo los derechos de los imputados, sino también de quienes han sufrido daños.

A pesar de estas garantías, la realidad muestra que muchos de los llamados «intercambios de disparos» son en realidad ejecuciones planificadas que buscan silenciar a los más vulnerables en la cadena del crimen. Esto plantea un dilema ético y legal, ya que la justicia se convierte en un privilegio que se concede a unos y se niega a otros. La percepción de que ciertos sectores de la población merecen un trato más severo es un reflejo de un sistema que necesita ser revisado.

La sociedad dominicana enfrenta un fenómeno preocupante: la aceptación de la violencia como respuesta a la delincuencia, especialmente hacia jóvenes de escasos recursos. Esta actitud no solo ignora las verdaderas estructuras de poder que facilitan el crimen, sino que también perpetúa un ciclo de injusticia. Las autoridades, en lugar de proteger a estos jóvenes, a menudo se convierten en sus verdugos cuando representan una amenaza para los intereses de quienes están en posiciones de poder.

La manipulación de la opinión pública ha llevado a que muchos celebren estas ejecuciones, sin reconocer que los jóvenes son también víctimas de un sistema corrupto. Al aceptar que la ley se aplique de manera desigual, se socava el Estado de derecho y se pone en riesgo la justicia para todos. La verdadera justicia no puede ser sinónimo de venganza; debe ser un proceso que revele la verdad y rinda cuentas a todos por igual.

Es fundamental que la sociedad y sus instituciones se comprometan a garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho universal. Solo así se podrá construir un país donde la ley proteja a todos, sin excepciones, y donde cada ciudadano pueda confiar en que sus derechos serán respetados. La justicia debe ser la misma para el más humilde y para el más poderoso, asegurando un verdadero Estado de derecho en la República Dominicana.