La Policía Nacional ha reportado un aumento en las muertes de presuntos delincuentes durante enfrentamientos, lo que ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Según la institución, estos incidentes ocurren cuando los agentes persiguen a los “bandidos”, quienes atacan y son repelidos, resultando en la muerte de los sospechosos. Hasta el 21 de septiembre de 2026, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad (ODHGV) registró al menos 180 muertes en intervenciones policiales.

Durante septiembre, la Policía Nacional contabilizó 55 muertes en supuestos intercambios de disparos, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la veracidad de estas clasificaciones. Manuel Meccariello, director del ODHGV, expresó su escepticismo sobre la cantidad de personas clasificadas como delincuentes y señaló que las versiones oficiales a menudo ignoran posibles abusos policiales. Además, mencionó que evidencias de ciudadanos a menudo contradicen las narrativas iniciales de las autoridades.

Meccariello subrayó la importancia de investigar cada muerte para determinar si el uso de la fuerza letal fue justificado. A pesar de reconocer los riesgos que enfrentan los agentes, enfatizó que es crucial esclarecer las circunstancias de cada caso. Fuentes periodísticas indican que, hasta el 8 de octubre, se habían registrado 15 muertes adicionales.

El presidente Luis Abinader anunció en agosto de 2021 una transformación en la Policía, incluyendo la asignación de fondos para adquirir chalecos y cámaras corporales con el fin de promover la transparencia. Desde diciembre de 2022, se implementó un nuevo sistema de patrullaje por cuadrantes, comenzando con 504 agentes equipados con cámaras corporales, aunque no se ha informado sobre el uso de estas grabaciones en incidentes violentos.

En septiembre de 2026, Abinader declaró que había 10,000 cámaras corporales disponibles para los agentes, pero no se ha confirmado si están en funcionamiento. A pesar del aumento de estos dispositivos, la Policía no ha proporcionado un balance sobre cuántos enfrentamientos fueron registrados por las cámaras ni si estas imágenes han sido utilizadas para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Las investigaciones de la Inspectoría General de la Policía y del Ministerio Público sobre estos casos son inciertas, y juristas han exigido una mayor supervisión para garantizar que no se violen derechos en la lucha contra la delincuencia. La pregunta persiste: ¿fueron realmente intercambios de disparos necesarios o algunos casos requieren una investigación más profunda? Las cámaras corporales podrían ser clave para esclarecer estas circunstancias.