La policía de Ecuador desactivó el jueves una bomba colocada frente a un complejo judicial en Quito, en un contexto de creciente violencia por parte de grupos criminales contra fiscales y jueces. Este incidente se produce tras una serie de ataques que han dejado alrededor de 40 servidores del sistema judicial asesinados en los últimos seis años.

El artefacto explosivo, que estaba en una caja de cartón en la entrada del edificio, contenía un panfleto dirigido a los jueces. El coronel Mauricio León, comandante policial de Quito, informó que el dispositivo fue controladamente detonando por policías antibombas.

León indicó que el mensaje en el panfleto advertía a los jueces sobre «algunos casos» sin entrar en detalles sobre las causas judiciales. En el letrero se leía: «señores jueces déjense de andar presentándose para hacer actos incorrectos y sentenciar a la gente inocente».

El Consejo de la Judicatura condenó estos «actos de intimidación» y anunció la construcción de «salas de audiencia tipo búnker» para proteger a los trabajadores y procesados. Esta medida busca garantizar la seguridad en un entorno cada vez más peligroso.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su «profunda preocupación» por la situación y destacó la «creciente vulnerabilidad» en la que operan los servidores judiciales. Este clima de inseguridad ha generado un ambiente de temor entre los profesionales del derecho.

El último asesinato de un miembro del sistema de justicia ocurrió a mediados de este mes en Manta, donde una fiscal fue asesinada a tiros. Este hecho resalta la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a quienes administran justicia.