El presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, que establecía aranceles de hasta 99% para las importaciones de arroz fuera del contingente, en respuesta a exigencias de Estados Unidos sobre el acceso del cereal bajo el DR-Cafta. La medida se formalizó a través del decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026.

El decreto 693-24, adoptado en diciembre de 2024, fijaba un arancel de 20% para ciertas categorías de arroz dentro del cupo registrado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y un arancel de 99% para importaciones que excedieran esa cuota. También reservaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con un arancel de 0%.

La derogación se produce en medio de negociaciones comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos sobre el acceso de productos agrícolas al mercado local. El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) destacó la necesidad de eliminar el decreto 693-24 para que el país cumpla con sus compromisos en el DR-Cafta.

Este tema fue discutido en una reunión virtual entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor «Ito» Bisonó, donde también se abordó el fortalecimiento de las relaciones económicas y la posibilidad de negociar un acuerdo de comercio recíproco.

El decreto 693-24 había sido implementado en un contexto donde se preveía la eliminación de aranceles al arroz estadounidense a partir de enero de 2025. Su derogación elimina un régimen arancelario que es crucial para la producción y la seguridad alimentaria en el país.

Datos de la consultora DASA indican que los dominicanos consumen aproximadamente 65 kilos de arroz por persona al año. En 2024, la producción local alcanzó unas 680,000 toneladas, cubriendo alrededor del 96% del consumo nacional.

DASA también ha señalado que otros países, como Corea del Sur y Japón, mantienen mecanismos de protección para el arroz, mientras que Panamá ha declarado el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional.

El decreto 635-26 instruye a los ministerios de Hacienda, Economía, Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes, así como a la Dirección General de Aduanas y al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), a comunicar y ejecutar la derogación.