La Procuraduría General de la República (PGR) firmó un memorando de entendimiento con el Instituto de Gobernanza de Basilea, Suiza, para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos financieros. El acuerdo fue suscrito por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y Oscar Solórzano, director para América Latina del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR).

El acto de firma también contó con la participación de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), así como los embajadores Pascal Bornoz de Suiza en República Dominicana y Pablo Valentín Rosado, embajador dominicano en Suiza. Además, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Reynoso destacó que el Ministerio Público ha llevado a cabo más de 30 operaciones contra el crimen organizado en los últimos años, abordando casos de corrupción administrativa, lavado de activos, tráfico internacional de armas, trata de personas y cibercriminalidad. Aseguró que el convenio permitirá mejorar las capacidades del órgano persecutor para rastrear y decomisar bienes obtenidos de manera ilícita.

La procuradora enfatizó que el desvío de recursos públicos impacta directamente en áreas críticas como la educación, la seguridad y el desarrollo social del país. Además, mencionó que el acuerdo facilitará el intercambio de experiencias y asistencia técnica en investigaciones sobre delitos financieros y recuperación de activos.

Por su parte, Solórzano valoró la disposición del Ministerio Público dominicano para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en mecanismos conjuntos para combatir el crimen organizado. El memorando incluye apoyo en la identificación, localización, decomiso y repatriación de activos ilícitos relacionados con corrupción y lavado de activos.

La PGR indicó que este convenio es parte de una estrategia más amplia para reforzar la cooperación jurídica internacional y establecer mecanismos más efectivos en la persecución de delitos financieros.