Un tribunal peruano condenó a 11 ciudadanos venezolanos a penas de hasta 35 años de prisión por su participación en la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua, en un proceso que se inició en 2022 para combatir la criminalidad transnacional. Los delitos por los que fueron procesados incluyen organización criminal, homicidio calificado, trata de personas y explotación sexual.

La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, a solicitud de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, liderada por el fiscal César Changa Echevarría. La Fiscalía destacó que esta decisión es el resultado de una investigación sólida que permitió dictar «condenas ejemplares» para los principales miembros de la red delictiva.

El cabecilla de la organización, identificado como José Ortega, alias Armando José, recibió la pena máxima de 35 años de cárcel por homicidio calificado en agravio de múltiples víctimas. Además, se le impuso una reparación civil de 1 millón de soles (aproximadamente 289,000 dólares) a favor del Estado, así como sumas específicas a los deudos de cada víctima.

Otros miembros de la organización también fueron condenados a penas significativas: Ramses Rivas, alias Abraham o Gringo, y Yohamali Aponte, alias Yoba o Yoha, recibirán 28 años y 28 años y cuatro meses de prisión, respectivamente, por trata de personas agravada. Otros procesados enfrentan condenas de entre 8 y 20 años por delitos relacionados.

El tribunal dispuso que los 11 venezolanos serán expulsados del país al cumplir sus condenas, con la prohibición de regresar. Este fallo se considera un avance significativo en la lucha contra la criminalidad transnacional en Perú.

El Ministerio Público calificó la sentencia como «histórica» y subrayó que es la tercera condena contra una facción del Tren de Aragua en el país, lo que refuerza la respuesta estratégica del Estado frente a este tipo de delitos. Por su parte, el Ministerio del Interior resaltó la importancia de las investigaciones, que comenzaron en febrero de 2022, y contaron con el apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations y la ONG Our Rescue.

La sentencia es un hito en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y demuestra la efectividad de las investigaciones especializadas en llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y dignidad de las personas en Perú.