El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución ante los sectores que exigen su renuncia mediante bloqueos de carreteras que han durado 20 días. Aseguró que «una minoría» no puede gobernar ni abusar del país durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional.

Las protestas y bloqueos son liderados por sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes demandan la renuncia del mandatario. Paz enfatizó que Bolivia «no necesita el conflicto» y que es necesario dialogar, aunque no bajo la presión de la falta de alimentos y medicinas que afecta a La Paz y a la vecina El Alto.

El presidente, que lleva seis meses en el cargo, destacó que no dialogará con aquellos que no están dispuestos a hacerlo. «Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados», añadió. Además, ratificó la convocatoria para la primera sesión del Consejo Económico y Social este miércoles en La Paz, donde se abordarán demandas regionales y la implementación de 2,000 proyectos de desarrollo.

Paz también aseguró que su Gobierno no aplicará una «privatización» de las empresas bolivianas ni incrementará los costos de servicios de electricidad, educación o salud, como afirman algunos dirigentes. Invitó a los grupos en protesta a acercarse a él para discutir sus inquietudes.

El mandatario se disculpó por no haber podido reunirse antes con las organizaciones que piden su renuncia y prometió abrir un espacio para ello. Asistió a la efeméride en Sucre tras semanas de reuniones en La Paz con sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas han mantenido aislado al departamento de La Paz durante 20 días, y los bloqueos se han extendido a otras regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, el Gobierno ha establecido «puentes aéreos» para llevar alimentos a estas ciudades, además de recibir apoyo logístico y donaciones de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

A pesar de un llamado al diálogo el domingo a los sindicatos campesinos, no se llevó a cabo la reunión, ya que un intento previo de habilitar un «corredor humanitario» resultó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, así como disturbios.