El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten destruir la democracia serán encarcelados, en medio de protestas sociales que, según las autoridades, forman parte de un plan para desestabilizar su Gobierno con financiamiento del narcotráfico. Durante un acto en el antiguo Palacio de Gobierno, Paz afirmó: “Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”.

La declaración del mandatario se produjo tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, por parte de Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Paz, quien lleva seis meses en el cargo, describió la situación actual de Bolivia como un “cataclismo”, señalando una “ruptura” entre la política y la democracia del siglo XX y la construcción de una nueva democracia en el siglo XXI. También criticó el “estado rentista” y la economía informal, que alcanza el 85% en el país, así como la existencia de una “pseudo democracia” bajo un partido único, refiriéndose al Movimiento al Socialismo (MAS).

El presidente consideró que la sociedad estuvo “secuestrada” durante 25 años y que ahora hay “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal. Comparó esta situación con un “síndrome de Estocolmo”, donde la gente sigue buscando a sus “secuestradores” en lugar de enfrentar el problema de convivencia actual.

Paz también mencionó que estuvo negociando durante cerca de 12 horas con el sector de los mineros cooperativistas de la región andina de Potosí para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a las movilizaciones violentas en La Paz. A pesar de esto, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ continúan exigiendo su renuncia a través de protestas y bloqueos de carreteras.

Adicionalmente, una marcha de centenares de seguidores de Evo Morales se dirige hacia la sede de Gobierno, con la intención de llegar el lunes para demandar la renuncia de Paz. En este contexto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció un “plan macabro” que busca provocar una ruptura constitucional mediante protestas financiadas por el narcotráfico.

Por su parte, Morales ha cuestionado al Gobierno, exigiendo que “demuestre las mentiras” y argumentando que acusar a los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes” implica una generalización injusta.