Defensores de los inmigrantes denunciaron que agentes de la Patrulla Estatal de Caminos de Iowa han comenzado a interrogar a conductores sobre su estatus migratorio durante paradas de tráfico, en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La organización comunitaria Escucha Mi Voz Iowa confirmó que los agentes han mezclado la aplicación de las leyes de tránsito con las de inmigración.

Un caso emblemático es el de Mario Bojorjes, un residente de North Liberty, quien fue detenido el pasado martes 7 de julio en la Interestatal 80 por una presunta infracción relacionada con el color de las ventanillas. Durante la detención, el agente indagó sobre su estatus migratorio, según la organización.

Agentes de ICE llegaron al lugar y detuvieron a Bojorjes, llevándolo a la oficina en Cedar Rapids, donde supuestamente lo presionaron durante horas para que firmara una salida voluntaria, a pesar de que tiene pendiente una solicitud de residencia permanente.

Escucha Mi Voz Iowa afirmó que este caso ilustra cómo la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y la Patrulla Estatal han convertido las paradas de tráfico rutinarias en acciones de control migratorio. Reynolds firmó recientemente una orden ejecutiva que permite a la policía estatal colaborar con ICE.

Bojorjes está casado con una residente permanente legal y tiene una solicitud de ajuste de estatus pendiente. Juntos, están criando a tres hijos pequeños y, según la organización, el inmigrante no tiene antecedentes penales.

La familia de Bojorjes expresó en un comunicado que la situación es aún más desgarradora porque él ya estaba en proceso de obtener la residencia permanente legal, con su caso pendiente de resolución.

Escucha Mi Voz Iowa exigió la liberación inmediata de Bojorjes, la cancelación del acuerdo entre las autoridades de Iowa e ICE, así como el fin de la discriminación racial y de las indagaciones sobre estatus migratorio durante las paradas de tráfico rutinarias.

La organización subrayó que las fuerzas del orden locales y estatales deben enfocarse en proteger la seguridad pública y no actuar como un canal para las acciones federales de control migratorio que separan a las familias y socavan la confianza en las comunidades inmigrantes.