El foro ‘Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina’ se llevó a cabo este jueves en Lima, donde especialistas en seguridad y derechos humanos discutieron la influencia del crimen organizado en las instituciones de la región. Este encuentro analizó el avance de las economías ilegales y su vinculación con el poder, destacando el crecimiento de redes mafiosas que afectan territorios e instituciones.
Los organizadores del evento advirtieron sobre el ‘acelerado proceso de expansión y diversificación’ de las actividades ilícitas en América Latina, en un contexto de debilitamiento de los espacios democráticos y crisis de representación política. Este fenómeno se agrava por el predominio de intereses particulares que afectan el bien común.
Impactos en comunidades vulnerables
El especialista Gilvonio subrayó que las actividades ilícitas no deben ser consideradas únicamente como problemas de seguridad, sino como fenómenos estructurales que se alimentan de la desigualdad, la corrupción y el abandono estatal, generando ‘impactos devastadores’.
Jesús Peña, jefe adjunto de ONU Derechos Humanos, destacó la importancia de no olvidar a los pueblos indígenas, quienes enfrentan directamente al crimen organizado y sufren las consecuencias de sus actividades, como el desplazamiento forzado y la contaminación de sus territorios.
El foro fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Misión Técnica en Perú de ONU Derechos Humanos, y las organizaciones CooperAcción y Amazon Watch. Durante la cita, se debatieron estrategias para fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la legitimidad de las instituciones públicas.
Además, se evaluaron los desafíos en las políticas de seguridad y la protección de los territorios, así como alternativas para enfrentar las economías ilegales desde una perspectiva de derechos humanos y gobernanza democrática.
Entre los participantes se encontraban el ecuatoriano Fernando Carrión, especialista en seguridad, y Ricardo Soberón, experto peruano en políticas antidrogas, junto a otros investigadores internacionales que aportaron sus perspectivas sobre la problemática.

