El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó este martes en primera discusión una reforma a la ley contra el odio, que busca despenalizar y establecer sanciones administrativas o multas para quienes cometan estas infracciones. Esta iniciativa fue solicitada a finales de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

La reforma, que modifica una norma aprobada en 2017 y criticada por ser una herramienta de persecución contra opositores, propone eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, destacó que se establecerán procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma.

Además, la reforma busca fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación, eliminando la revocación de concesiones, y prevenir mensajes de odio en redes sociales, imponiendo multas a quienes incumplan. También se exhortará a las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz.

La propuesta fue aprobada con el voto en contra de algunas facciones opositoras, que solicitan su derogación al considerar que la norma viola derechos humanos y garantías constitucionales. La diputada opositora Amelia Belisario, de la bancada Libertad, afirmó que esta ley ha sido utilizada para perseguir la disidencia.

Aunque no se han presentado los artículos de reforma, Belisario advirtió que las sanciones administrativas estarían bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior, el cual ha sido criticado por la mala aplicación de la norma y por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que el chavismo no busca utilizar esta reforma para perseguir a nadie. Rodríguez cuestionó a los opositores sobre si han logrado eliminar el odio en sus corazones y enfatizó la necesidad de una ley de convivencia para avanzar en el proceso político del país.

La propuesta de reforma se presenta en un contexto de cambios impulsados por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos. La vicepresidenta ha señalado que la ley fue «mal aplicada».

La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una crisis política y protestas masivas en el país. Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio y ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos.

Desde su aprobación, al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de «incitación al odio», según datos de la ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los presos políticos.